PROFESIÓN MÉDICA
JANO.es y agencias · 28 abril 2010
La organización anuncia que no aceptará, desde ahora, ninguna financiación que provenga de este sector.
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) anunció ayer, en pos de evitar el conflicto de intereses, conforme a las normas de la deontología profesional y por respeto a nuestros futuros pacientes, que no aceptará desde ahora financiación alguna proveniente de la industria farmacéutica.
De este modo, España se suma a la lista de países como Noruega, Estados Unidos, Australia o Canadá cuyas organizaciones representativas de estudiantes de Medicina han adoptado una política de transparencia ética y sometimiento a los valores fundamentales de la Medicina para una prescripción responsable, científica e independiente.
Esta decisión se tomó en Asamblea General, a propuesta de la Comisión de Bioética del CEEM y de su coordinadora, Julia Bernal Tirapo, y con un apoyo total de la Comisión Ejecutiva del período anterior, en la sesión celebrada el pasado sábado.
Asimismo, recuerda que las farmacéuticas tienen "legítimos intereses comerciales", aunque entiende que "contribuye de una manera importante, gracias a la investigación, al desarrollo de nuevos y mejores tratamientos".
"La relación del médico con las compañías farmacéuticas debe estar regulada y regida por los valores característicos de la profesión médica: rigor científico y racionalidad, independencia profesional, lealtad hacia el paciente y transparencia hacia la sociedad. Si no se respetan estos valores se incurre en un conflicto de intereses", advierte.
Así, como futuros médicos asumen el compromiso deontológico de proporcionar a los pacientes una atención de "calidad humana y científica", además piden a los responsables de su formación que introduzcan a lo largo de la carrera estos valores éticos, proporcionando así una formación de calidad técnica y humana.
Finalmente, propone buscar para la organización de sus actividades y gestión ordinaria fuentes de financiación alternativas que no conlleven un conflicto de intereses que pueda repercutir en la calidad de la atención que se dispensa a los pacientes.