Sociedades médicas, sindicatos y otras asociaciones han expresado su rechazo a la idea de ampliar el copago en la sanidad pública, tal como recomendó el martes la Unión Europea como vía para frenar el crecimiento excesivo del gasto sanitario y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas nacionales de salud. Presentamos a continuación las reacciones manifestadas por algunas de estas entidades.

 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) está en desacuerdo con la recomendación de introducir el copago. En su trabajo “Copago: Conclusiones desde la evidencia científica”, publicado hace unos días, la sociedad científica analiza las experiencias de copago que se han llevado a cabo en otros países como Bélgica, Suecia, Francia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Portugal o Alemania. Basándose en este trabajo, asegura que no existen pruebas concluyentes de los beneficios asociados a la aplicación de esta medida, pero sí hay datos sobre sus posibles efectos perjudiciales en la equidad y la salud de la población, sobre todo la más desfavorecida socialmente.

 

En concreto, pone de manifiesto que la introducción de fórmulas de copago no tiene capacidad para contener el gasto sanitario, sobre todo el gasto global a largo plazo. Además, los costes que implican su implementación y administración reducen o eliminan la capacidad recaudatoria.

 

Asimismo, su implantación tiene un efecto regresivo, ya que las rentas bajas contribuyen proporcionalmente más que las altas. En este sentido, los más afectados por el copago son los colectivos de población que más utilizan los servicios sanitarios (ancianos y mujeres).

 

Por el contrario, semFYC valora de forma positiva otras de las medidas propuestas por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin), como dar prioridad a la prestación y acceso a servicios sanitarios primarios para mejorar la salud general y reducir el uso innecesario de prestaciones hospitalarias, así como favorecer el uso rentable de los medicamentos mediante mejores prácticas de información, valoración, reembolso y evaluación de la eficacia.

 

En este sentido, el presidente de semFYC, Josep Basora, insiste en que “ya está reiteradamente demostrado que una buena atención primaria aporta más equidad en el acceso y mayor eficiencia en el manejo de los recursos sanitarios, ahora sólo falta que las autoridades sanitarias y políticas, como muy bien recomienda la UE, apuesten decididamente por éste ámbito asistencial y corrijan los actuales desequilibrios presupuestarios”.

 

Además, la semFYC propone otras medidas de financiación que pasan por modificar las políticas de cobertura de nuevos fármacos y la cartera de medicamentos o los precios de los productos que en ella se incluyen, en función de criterios objetivos de efectividad y eficiencia. También, cree necesario incentivar adecuadamente a los profesionales directamente por resultados en: la mejora de la gestión y de las agendas de trabajo, la utilización de fármacos, el uso racional de las pruebas complementarias y la coordinación con otros niveles asistenciales.

 

Por último, sugiere establecer impuestos indirectos que recaen sobre productos como el tabaco, que se relacionan directamente con la pérdida de salud y crear un catálogo de prestaciones y cartera de servicios sanitarios públicos, que permita eliminar aquellos inefectivos o con un coste-efectividad inaceptable. Establecer un catálogo de prestaciones y cartera de servicios sanitarios públicos, que permita eliminar aquellos inefectivos o con un coste-efectividad inaceptable.

 

Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) valora la recomendación de los ministros de Economía de la UE que pide a los países miembros dar prioridad a “la prestación y el acceso a servicios sanitarios primarios para mejorar la salud general y reducir el uso innecesario de prestaciones de especialistas y hospitalarias”. Según ha señalado el presidente de esta sociedad, Julio Zarco, los médicos de atención primaria llevan casi una década reclamando políticas de prevención para garantizar la sostenibilidad y la equidad del sistema, ya que, a su juicio, “entre el 80 y el 90% de los problemas de salud podrían resolverse en la AP”.

 

“Las recomendaciones de la UE entroncan directamente con las líneas de fuerza defendidas por Atención Primaria, cuyos profesionales ya han elaborado una “hoja de ruta” con diezclaves para mejorar este servicio, que han estudiado Gobierno y consejeros autonómicos en el último Consejo Interterritorial, celebrado en Mallorca”, declara.

 

El primer punto de este decálogo para mejorar la AP en España es alcanzar un Pacto por la Sanidad que propicie “un marco político estable y de confianza para los próximos 20 años”. Otra de las demandas más importantes de esta lista es la de realizar una evaluación del sistema en su conjunto para valorar posibles reformas.

 

En este sentido, el Dr. Zarco ha destacado que el copago, como la factura en sombra o el ticket moderador -medidas contempladas en el Informe Abril-, “no tienen sentido como herramientas aisladas”. De hecho, advierte que “el copago puede favorecer la inequidad del sistema en las actuales circunstancias”.

 

A su vez, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, duda de la eficacia del copago como medida para controlar el gasto sanitario y considera “ligeramente indecente” valorar su ampliación en España, donde están aún pendientes todas las reformas del sistema que contenía el Pacto por la Sanidad.

 

“El copago ahora no es la medida más adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema ni controlar el gasto sanitario, no sólo por la falta de consenso que existe sobre su establecimiento, también porque no se ha demostrado de forma científica su eficacia”, ha señalado.

 

Añade que el copago no se ha mostrado eficaz para contener el gasto sanitario en los principales países que lo han impuesto, entre los que figuran Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca o Suecia. Además, puntualiza que la recomendación del Ecofin “no es exclusivamente para España, sino que va dirigida a todos los países miembros de la UE”.

 

A su juicio, es “ligeramente indecente” hablar del copago cuando hay reformas “más urgentes” pendientes de poner en marcha y que se recogían en el fallido Pacto por la Sanidad, como son la reducción de la burocracia en las administraciones públicas relacionadas con la sanidad, la racionalización del gasto o la aplicación de presupuestos sanitarios finalistas para las autonomías.

 

Finalmente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha manifestado que es “un error evidente” que los ministros de Economía de la UE recomienden el copago y la participación del sector privado para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud.

 

Según ha explicado el portavoz de esta asociación, Marciano Sánchez Bayle, la mayoría de los países europeos -entre ellos Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca o Suecia- cuentan con algún sistema de copago y con participación privada en sus sistemas de salud; sin embargo, “no han logrado contener así el gasto sanitario”.

 

A su juicio, “lo único que se conseguirá con este tipo de propuestas es dificultar aún más el acceso a los servicios sanitarios de las personas con menos recursos”, lo que ocasionará “consecuencias devastadoras sobre la salud de toda la población”.

 

Destaca que estas propuestas de los ministros de Economía de la UE “entran en contradicción” con las directrices apuntadas, a finales del pasado noviembre, por la OMS, que advertían sobre los riesgos del copago para el acceso a los servicios sanitarios, sobre todo para las poblaciones más desfavorecidas.

 

“El copago no es capaz de discriminar las demandas sanitarias adecuadas de las que no lo son y sobre todo, perjudica a quienes tienen más problemas económicos y de salud”, señala.

 

Para Sánchez Bayle, este tipo de medidas “no son de recibo en un país como España, con 4 millones de parados, una pensión media para los jubilados de 700 euros y el 75% de los trabajadores ganando menos de 1.000 euros al mes”.

 

Según el último informe sobre el acceso a la salud en el mundo de la OMS, unos 150 millones de personas en el mundo sufren “catástrofes financieras graves” al año y 100 millones se ven “obligadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza” para costear su acceso a la sanidad.

 

En algunos países, hasta el 11% de la población sufre este tipo de dificultad financiera grave cada año -motivada por la necesidad de costear su acceso a la sanidad- y hasta el 5% se ve “arrastrado a la pobreza” por esta causa.