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El próximo 1 de septiembre, el Gobierno dejará sin asistencia sanitaria a unos 150.000 inmigrantes. A dos seemanas de que la restricción empiece a aplicarse, al menos cinco comunidades autónomas: los Gobiernos de Andalucía, Asturias y País Vasco (en manos del PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU) han garantizado en sus territorios la atención universal, como hasta ahora.

A fin de paliar los efectos de la medida, Sanidad planea obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas —con un coste de 700 euros al año por persona— para que aquéllos dispongan de atención en la red pública. Asimismo, y para los extranjeros sin permiso que padecen enfermedades crónicas, el Gobierno ha anunciado que se les seguirá atendiendo, pero que pasará la factura a sus países de origen.

Concretamente, el borrador de orden remitido por el Ministerio a las autonomías establece una cuota anual de 710,40 euros (59,20 euros al mes) para personas de hasta 64 años, y de 1.864,80 euros al año (155,40 euros al mes) para los mayores de 65. Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los inmigrantes irregulares.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que dirige Boi Ruiz, todavía no tiene decidido cómo se adaptará al decreto aprobado en abril a través del cual se prevé restringir el acceso sanitario a los sin papeles. En un principio, su intención es mantener un servicio universal, según ha reiterado en las últimas semanas, pero aún no ha resuelto cómo hacerlo.

Por su parte, el Gobierno andaluz no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Ejecutivo central le obliga a cobrar a los sin papeles, y en lo que respecta al País Vasco, el Gobierno autonómico pretende responder al copago farmacéutico con un decreto que evitaría que los colectivos más desfavorecidos tengan que abonar más dinero por sus recetas.