POLÍTICA SANITARIA
El Defensor del Pueblo recibe el triple de quejas sobre sanidad
JANO.es · 04 marzo 2013
Exclusión de colectivos, copago de medicamentos, supresión de urgencias y recortes de personal centran las reclamaciones.
El Defensor del Pueblo registró en el último año un total de 1.674 expedientes de queja en el área de Sanidad, casi el triple de los 595 del año anterior. La mayoría de las reclamaciones se hallan relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado abril y por las restricciones adoptadas por las comunidades.
Así se desprende del informe de la Institución en 2012 presentado en el Congreso de los Diputados, que muestra un incremento tanto de las quejas individuales (779 en 2012, frente a las 573 del año anterior) como, sobre todo, de las presentadas por colectivos (893, frente a las 18 de 2011).
Las investigaciones de oficio en el ámbito de la sanidad han afectado a 30 organismos, pertenecientes a 16 administraciones, entre ellos la Administración General del Estado y 12 administraciones autonómicas. Los tres organismos que mayor número de investigaciones han concentrado son el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Catalán de Salud.
Nivel de las prestaciones
Según destaca el Defensor del Pueblo, 2012 ha supuesto un "punto de inflexión" en los motivos de las quejas, que hasta ahora habían experimentdo una tendencia progresiva hacia aspectos cualitativos, es decir, exigencias de calidad y excelencia. Sin embargo, en el último año han aumentado las quejas relacionadas con limitaciones en el acceso y por el nivel de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), "con el trasfondo de la actual crisis económica y financiera". Otro de los motivos de queja son las diferencias de prestaciones entre autonomías.
En concreto, las reclamaciones versan sobre reducción de prestaciones sanitarias, exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, financiación de medicamentos, supresión de centros de urgencia en Atención Primaria, insuficiente dotación de personal sanitario, demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a oficinas de farmacia y retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico.