POLÍTICA SANITARIA

El Gobierno cambia la Ley de Extranjería para poner fin al turismo sanitario

JANO.es · 23 abril 2012

Según la ministra de Sanidad, Ana Mato, la medida pretende evitar la utilización ilegal de los servicios sanitarios por parte de familiares de extranjeros con residencia legal que viajan a España exclusivamente para recibir atención médica.

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria. 

Mato justificó esta medida explicando que "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, y que vienen a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

"Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo". Por ello, la titular de Sanidad señaló que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "muchos no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".

Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, en 2009 fueron más de 700.000 personas las que utilizaron los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.

Mato recordó que a esta cifra debe añadirse el hecho de que "hay muchos extranjeros que no son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".

Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismos que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, "viven en España; los que tienen residencia fiscal en España, trabajan como nosotros y pagan sus impuestos como nosotros".

Una excepción 'sorprendente'

Además, se incorporará a la ley el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. De hecho, la directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente", dijo Mato, "es que se incorporó completa salvo ese articulo, que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", añadió.

Con ello, el Gobierno prevé ahorrar 1.500 millones de euros, que se obtendrían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y otros 500 millones del gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.

A juicio de la ministra de Sanidad, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".

Toda persona que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".

Urgencia, enfermedad grave o accidente

El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en 2009, reconoce que los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".

Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta el alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.

El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".