La cartera común de servicios establecida por el Gobierno incluirá "todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria". Entre éstas se encuentran las prestaciones farmacéutica, ortoprotésica y de productos dietéticos, que estarán sujetas a la aportación del usuario, siguiendo "las mismas normas" que las anunciadas para los medicamentos.

Así, las personas con rentas superiores a 100.000 euros aportarán el 60% del precio del producto; quienes ingresen entre 18.000 y 100.000, el 50%, y los pensionistas, un 10%. Los ciudadanos que no pertenezcan a ninguno de estos grupos, seguirán aportando el 40% del precio, como sucedía hasta ahora.

Estas prestaciones ya contaban con la aportación del usuario antes de las reformas introducidas por el Gobierno, pero ésta dependía de lo que estableciera cada comunidad autónoma. En Andalucía, por ejemplo, las medidas ortoprotésicas incluían las prótesis externas, ortesis y vehículos para inválidos y otros artículos comprendidos en el catálogo general de ortoprótesis, y los residentes en dicha comunidad no debían abonar importe alguno por ellas. En otras regiones, los ciudadanos debían pagar un porcentaje del precio total.

La cartera de servicios comunes de prestación ortoprotésica, regulada hasta ahora por el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, recogía una seria de mínimos entre los que figuraban "los implantes quirúrgicos, las prótesis externas, las sillas de ruedas, las ortesis y las ortoprótesis especiales". La nueva normativa no afecta al pago de todas ellas sino exclusivamente a las que se dispensan en el ámbito ambulatorio, según recoge la reforma. Se trata, por consiguiente, de dispositivos como las férulas o las muletas, y no de las prótesis de cadera, según fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por el diario El Mundo.