CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Hacienda y las CCAA no abordan el copago por consulta médica ni el pago por recetas

JANO.es · 01 agosto 2014

Los médicos, clínicas privadas, sindicatos y pacientes habían mostrado su desacuerdo con estas medidas, y Sanidad descartó implantarlas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas finalmente no han tratado este jueves, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la batería de medidas que las autonomías habían presentado para su estudio y que afectaban a la sanidad, como el copago por asistencia a consulta médica y las urgencias o el pago por las recetas. El sector sanitario había expresado su rechazo a estas medidas.

Fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que las más de 70 medidas de corte sanitario incluidas en un total de 255 medidas "para la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público" del documento redactado por un grupo de trabajo creado 'ad hoc' el pasado mes de junio, no se han tratado en la reunión y tampoco lo ha reclamado así ningún consejero. Tampoco avanzaron si serán tratadas en la próxima reunión del consejo.

Se trata de unas propuestas que, tal y como ha aseguró el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han sido planteadas por las comunidades y no por el Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad descartó inmediatamente que se fuera a implantar cualquier fórmula de copago sanitario al haber logrado una "estabilidad" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Entre las medidas incluidas en el citado documento figuran el copago por la falta de asistencia a citas programadas, por asistencia a consulta médica y de urgencias, por prestaciones ortoprotésicas y por interrupciones del embarazo y fecundaciones 'in vitro'.

Además, figura la posibilidad de establecer una cuantía mínima por expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos, así como la posible desgravación fiscal para ciudadanos con seguro médico privado, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de las guardias, o la posibilidad de establecer una regulación "más clara" para la atención sanitaria a la población inmigrante.

También se plantea cómo controlar el número de prescripciones por pacientes, el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.

Críticas del sector sanitario

Estas propuestas fueron acogidas con críticas por el sector sanitario. Así, los médicos, las clínicas privadas, los sindicatos o las asociaciones de pacientes, las calificaron de "inaceptables", "intolerables" e incluso de "altamente negativas".

Los primeros en pronunciarse fueron los sindicatos sanitarios. CESM, SATSE rechazaron "cualquier tipo de copago" y denunciaron la "contradicción entre ministerios. Igualmente, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) advirtió de que los nuevos copagos supondrían un "impuesto sobre la enfermedad" y un "obstáculo fundamental" para el acceso a las prestaciones necesarias para las personas más enfermas y con menos recursos.