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Patricia Hewitt, ex ministra de Sanidad de Reino Unido, ha propuesto legislar la ayuda al suicidio asistido con el objetivo de amparar legalmente a quienes ayuden a sus seres queridos a quitarse la vida en casos terminales y, en consecuencia, poner fin a una contradicción legal que ya había llevado a una enferma de esclerosis múltiple a reclamar a la Justicia que se posicionase.

 

Por ello, la ex responsable de Sanidad, ha presentado en el día de hoy una enmienda que ya ha recabado el apoyo de 100 diputados de los tres principales partidos que están de acuerdo en que se reconozca definitivamente que los adultos mentalmente competentes pueden ayudar a morir a los seres queridos en estado terminal que así lo requieran, sin riesgo de afrontar un proceso legal.

 

De hecho, y aunque la asistencia al suicidio es un delito que puede acarrear hasta 14 años de prisión en Inglaterra y Gales, existe constancia de que más de cien británicos se han trasladado acompañados de familiares a países donde la práctica legal. Sin embargo, ningún caso ha sido imputado hasta el momento, todo ello a pesar de las investigaciones promovidas por la Policía en algunos casos específicos.

 

La decisión de Hewitt toma el testigo de Debbie Purdy, una enferma de esclerosis múltiple conocida en Reino Unido por haber instado a la Dirección General de Delitos Públicos a clarificar su posición. La mujer, a la que se le diagnosticó la enfermedad en 1995, perdió la batalla legal debido a que la Justicia consideró que cualquier pronunciamiento implica un cambio legislativo que competería al Parlamento.

 

 

 

La iniciativa de Purdy, de 45 años, había supuesto un hito en la historia judicial británica, ya que fue la primera acción formal presentada en relación a la asistencia a la eutanasia. Su objetivo era determinar si su marido podría ser imputado en caso de ayudarla a viajar a alguno de los países en los que esta práctica está autorizada, como Suiza, donde la clínica Dignitas cuenta con 694 socios de Reino Unido, entre ellos la propia Purdy.

 

La enmienda de Hewitt recoge esta demanda en el ámbito institucional en que la propia Justicia la situó, ya que pretende obligar al Parlamento a debatir la “necesidad de cambiar la ley para permitir a enfermos terminales y mentalmente competentes que sufren al final de sus vidas tener a opción de una muerte asistida, con salvaguardas, en este país”.

 

La ex ministra ha considerado que el cambio legal significaría tan sólo elevar a rango normativo lo que ha venido constituyendo de hecho la práctica de la Dirección General de Delitos Públicos. Según las palabras de Hewitt, “a largo plazo, necesitamos una ley para cambiar la normativa actual, pero mientras, espero que esta enmienda promueva el retrasado debate parlamentario que hace falta para situar la ley en línea con la práctica de la dirección general y de los tribunales", declaró.

 

 

 

En este sentido, el texto recoge que cualquier acción adoptada “única o principalmente con el objetivo de capacitar o ayudar –a un individuo– a viajar a un país en el que la asistencia sea legal” no será tratada como “incentivar a la asistencia” al suicidio. Con todo, no se espera que la propuesta llegue a votarse, si bien reabrirá de nuevo el debate sobre la eutanasia en Reino Unido, donde los grupos que se oponen han alertado ya de que la medida llevaría a “abrir las compuertas”.

 

El caso más reciente de suicidio asistido conocido en las islas lo protagonizó en octubre la promesa del rugby Daniel James, de 23 años, quien fue ayudado por sus padres a viajar a Suiza para acabar con su vida tras sufrir una parálisis a raíz de un incidente durante un partido de marzo del pasado año.

 

James acudió a la clínica helvética Dignitas, pero el director de Delitos Públicos, Keir Starmer, resolvió en diciembre que no se abrirían diligencias contra sus progenitores, incluso pese a las “pruebas evidentes” para imputar cargos que conllevarían cárcel. La decisión se basó en el interés general y supuso la primera de Starmer desde que asumió el cargo.