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Los grupos parlamentarios del PSOE y PP rechazaron en el día de ayer en el Congreso de los Diputados la tramitación del proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario formado por ERC-IU-ICV para despenalizar la eutanasia y garantizar que los ciudadanos puedan acogerse a una “muerte digna y sin dolor”.

 

La propuesta pretendía establecer que quedara “exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.

 

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que defendió la propuesta, dijo que “la mayoría de los ciudadanos y profesionales son partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido, que ya existen en España aunque de manera clandestina”. Por ello, y según su opinión, la regulación de la eutanasia es imprescindible porque aportaría al enfermo terminal “seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo y resolvería el absurdo debate entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa”.

 

Además, subrayó que “la posición contra la eutanasia es una creencia, la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal, pero que no puede convertirse en el único criterio” y avisó de que en España “se puede producir un caso Eluana”.

 

 

 

La diputada socialista Pilar Grande señaló que la iniciativa de ERC-IU-ICV reproduce “casi literalmente” las rechazadas en la legislatura séptima y octava y agregó que estas propuestas se registran en el Congreso “cada vez que los medios de comunicación recogen un acontecimiento” relacionado con la eutanasia. Según sus palabras, “es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales. Y quizás tras este debate responsable y sosegado, la sociedad española” solicite al Gobierno “subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades invalidantes o terminales a poner fin a su vida. Pero no creemos que este momento haya llegado”.

 

Por su parte, el diputado del PP Santiago Cervera afirmó “el derecho a la vida está protegido por la Constitución” y que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “no existe el derecho a la propia muerte o al suicidio”. Asimismo, recalcó que ni la eutanasia ni el suicidio asistido están amparados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que los ciudadanos ya tienen reconocido el derecho a una muerte digna. Por último, criticó a Llamazares por presentar “iniciativas oportunistas que no forman parte de las preocupaciones y prioridades de los españoles”.