El desabastecimiento de fármacos para tratar el cáncer o evitar el rechazo de órganos en personas trasplantadas ha destapado un fraude de venta ilegal de medicamentos en el que están implicadas farmacias de toda España. En apenas año y medio, más de un centenar de boticarios de 14 autonomías han sido investigados por sacar del circuito legal fármacos de precio regulado destinados a la venta con receta de la sanidad pública, confirman fuentes del sector. Se los compran empresas distribuidoras que, atraídas por el menor coste de los medicamentos, en España, los venden luego en el extranjero donde logran hasta tres veces más dinero. El problema es que las boticas tienen prohibida esta práctica: solo pueden servir a los pacientes, informa El País. Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, "se trata de algo residual". "Tenemos que defender el buen hacer del 99% de nuestros profesionales”, abunda el presidente del COF de Zaragoza, Ramón Jordán.

El último escándalo ha salpicado precisamente a la capital aragonesa y algunos pueblos de Teruel, donde la Guardia Civil investiga a 15 farmacias en el marco de la Operación Pharmakon, aún en marcha, y en la que ya hay 21 imputados. La investigación, que está bajo secreto de sumario, ha dejado durante un tiempo a tres localidades sin farmacia: Cariñena (3.537 habitantes), Aguilón (252) y Vera del Moncayo (406). El Colegio Oficial ha tenido que improvisar allí la figura del botiquín, por la que el boticario de un pueblo vecino se traslada para dispensar las medicinas. El Gobierno regional se ha personado en la causa.

El fraude en Aragón no es un hecho aislado. Se produce después de que la Generalitat de Cataluña multara en febrero a 40 farmacias por el mismo motivo y de que Valencia expedientara a 3. La operación más importante, en todo caso —ha habido también actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía y La Rioja—, se produjo en julio, cuando la Guardia Civil destapó, con el apoyo de la Agencia Española del Medicamento, una red de venta ilegal en la que estaban involucradas 50 farmacias de 8 regiones —Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón—.

La red operaba en connivencia con una empresa declarada como almacén mayorista de medicamentos con sede en Alboraya (Valencia) que pactaba una comisión con los boticarios, les compraba los fármacos y luego los camuflaba como productos de parafarmacia. De esta forma, además de la comisión, ingresaban más al pedir la devolución del IVA (el tipo es del 10% frente al 4% de los fármacos).

“Hace dos o tres años empezamos a ver que medicamentos de primera línea que salían en cantidad suficiente de los laboratorios no llegaban a los pacientes”, explica Belén Crespo, directora de la Agencia Española del Medicamento. Es un hecho que ha ocurrido puntualmente en toda España y que ha obligado en algunos casos a la agencia a recurrir a la importación, confirma. Ha habido, por ejemplo, desabastecimiento de mercaptopurina para tratar la leucemia linfocítica aguda, o de epanutín (Pfizer), para la epilepsia.

Los investigadores comenzaron a tirar del hilo, a seguir la trazabilidad de los medicamentos, y descubrieron así el fraude de la llamada distribución inversa por el que los fármacos para pacientes españoles acaban en países como Alemania, Holanda o Reino Unido.

Los productos vendidos ilegalmente comparten características. No suelen contar con un sustituto terapéutico sencillo, tienen una demanda importante en el comercio intracomunitario y son caros. En la operación policial practicada en Valencia, el medicamento que las farmacias vendieron ilegalmente era una ciclosporina —Sandimmum en su nombre comercial, de Novartis—, un inmunosupresor que se prescribe a pacientes trasplantados y que en su presentación de 100 miligramos cuesta 87 euros en España.

“Con un diferencial de precio del 20% [con respecto al mercado de destino] ya existe una motivación económica suficiente”, explica Miguel Valdés, director general de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos. Compensa el transporte, el reetiquetado en otro idioma y la traducción del prospecto.

En teoría, las distribuidoras, que se dedican a comprar medicinas a los laboratorios (a precio español) y venderlas a las farmacias, pueden exportar los fármacos que adquieren de la industria legalmente. Sin embargo, las grandes empresas del sector, las que trabajan con los laboratorios, no lo hacen. Estas compañías han alcanzado acuerdos con la industria farmacéutica por los que se obligan a demostrar que venden los medicamentos sólo a farmacias españolas, relata Vallés. “Si no lo hacemos, se nos aplica un recargo hasta alcanzar el precio medio europeo o el que fije el laboratorio”, añade.

¿Y entonces qué empresas son las que se dedican a este negocio? “Hay algo más de 300 almacenes con licencia de distribución de fármacos”, explica Vallés. “Las asociadas a Fedefarma son unas 160, la respuesta está entre las restantes”.

“Este tipo de exportaciones son altamente dañinas para la industria farmacéutica, pero también para el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, para los pacientes, porque provocan desabastecimiento de medicamentos”, relata un portavoz de Farmaindustria, la entidad que agrupa a los laboratorios. La industria pierde ventas (a precios más altos) en los países europeos donde llegan los fármacos desviados del mercado español. “Pero no tenemos cuantificado el daño que nos supone”, añaden desde la patronal del sector.

Ante esta situación, los distribuidores toman medidas: están haciendo controles de medicamentos sensibles. “En lugar de facilitar las cantidades que pide la farmacia, se están estableciendo sistemas para dificultar que puedan hacer acopio, por ejemplo, con cupos de fármacos diarios limitados”, dice el responsable de la patronal de la distribución.