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ABORTO

Aborto libre hasta la semana 14 y limitado hasta la 22 en caso de riesgo para la madre o anomalías en el feto

JANO.es · 05 marzo 2009

La ministra de Igualdad anuncia que el anteproyecto de ley se presentará antes del verano

El informe del Comité de Expertos sobre la reforma de ley del aborto, que mañana día 6 de marzo se llevará a Consejo de Ministros, propone finalmente que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo. Asimismo, el documento plantea ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada, así como cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, y para llevar a cabo la intervención, será necesario un dictamen médico por un especialista distinto del que practique la operación.
 
Según ha explicado el Dr. Javier Martínez Salmeán, miembro del Comité, “la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser libre e informada. Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida”.
 
El informe especifica que por encima de las 22 semanas no se estaría hablando de aborto, sino de un parto inducido en el entorno de la medicina perinatal. En el caso de malformaciones incompatibles con la vida y que se han diagnosticado más allá del límite de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.
 
Por otra parte, el Comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que como señaló el Dr. Martínez Salmeán, “en ningún caso las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión".
 
Según la jurista María Duran, la propuesta de los expertos pasa por la despenalización del aborto para la mujer y por atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión. En este sentido, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó que el Gobierno tiene claro que “ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel. Lo que no implica, sin embargo, que se perseguirán los abortos no consentidos e ilegales”.
 
 
Autonomía en la decisión a partir de los 16 años
 
Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra Aído justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad “puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal”. En todo caso, matizó que se trata de “una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno”.
 
De la misma manera, el Comité plantea que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.
 
Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad. En este punto, la Dra. Martínez Salmeán defendió la dispensa de la píldora postcoital sin necesidad de receta médica y de preservativos gratuitos.
 
La reforma, según ha indicado la titular de Igualdad, “·no tiene como objetivo hacer una ley más permisiva, sino una ley más segura. Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos”.
 
Aído también ha afirmado que la ley pretende proteger la vida del no nacido, “cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad”. Con todo, calificó la futura legislación en materia de aborto como “moderna, equilibrada y necesaria. Con ella no perderá nadie y ganarán todos”.
 
 
“Criterios fundamentalistas”
 
En respuesta a las voces críticas que han surgido en torno a la iniciativa del Gobierno, Aído afirmó que el Ejecutivo “no puede seguir en ningún caso criterios fundamentalistas de ninguno de los extremos. Un gobierno responsable tiene la obligación de proponer normas para toda la ciudadanía, de encontrar equilibrios”.
 
Asimismo, agregó que “nadie quiere que la tendencia de embarazos no deseados se consolide” al tiempo que aclaró que la solución “no es la IVE. Queremos menos intervenciones y más garantías, no más intervenciones y menos garantías como sucede hoy en día”.
 
El anteproyecto de ley se presentará antes del verano, según anunció la ministra de Igualdad, que destacó que hoy hace seis meses y un día que fue anunciada la comisión de expertos que ha analizado en cinco sesiones conjuntas la legislación internacional sobre la IVE para elaborar su informe.
 
 
Comité de Expertos
 
Con motivo de la presentación, el pasado mes de septiembre, del equipo de trabajo, la ministra Aído destacó el “alto nivel científico e intelectual” del Comité de Expertos, mientras que las organizaciones pro vida denunciaron “la falta de pluralidad” del grupo, aduciendo que “todos los miembros son destacados proabortistas”.
 
El comité está compuesto por: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; la Dra. Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; el Dr. Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; Dr. José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Dra. Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Donat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.
 
Como representantes del Gobierno, también formaron parte José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del Ministerio de Justicia; José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.

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