El Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería aplaudió ayer el proyecto de Decreto que les permitirá prescribir un catálogo cerrado de fármacos, tal como está preparando la Consejería de Salud de Andalucía, si bien instaron a la Administración a que la futura norma "contemple también la posibilidad de prescribir para los enfermeros que trabajan en el sector privado y concertado".

 

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, José María Rueda, confió que este Decreto "esté listo para la próxima primavera", al tiempo que quiso dejar claro que con las nuevas atribuciones "no estamos usurpando ni invadiendo las competencias de los médicos andaluces".

 

De hecho, Rueda resaltó que la capacidad de prescribir, "ya la venían haciendo los propios enfermeros en su práctica clínica diaria", por lo que argumentó que la futura norma " vendrá a darnos un respaldo jurídico y una salida de la ilegalidad en la que nos encontramos en la práctica asistencial diaria con los pacientes".

 

En este sentido, resaltó que unos 30.000 enfermeros que trabajan en el sistema sanitario público andaluz se podrán beneficiar de la futura norma. De ahí, insistió, "la necesidad de que también se amplíe para los que trabajan en la sanidad privada".

 

Además, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería se viene defendiendo que este Decreto permitirá "desmasificar" las consultas médicas, y se entiende que con este instrumento Andalucía "se adelanta a la que nueva realidad que en 2010 otorgará el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior", tal y como ya señaló recientemente el presidente del órgano colegial, Florentino Pérez Raya.

 

Además, Rueda aludió a la experiencia acumulada en prescripción enfermera en otros países europeos, "como es el caso de Inglaterra, en el que los enfermeros llevan ya unos 10 años derivando y prescribiendo fármacos y obteniendo en las encuestas de satisfacción de los usuarios una puntuación muy alta", reseñó.

 

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ya anunció recientemente que en el plazo de unos meses se aprobará el Decreto que permitirá ampliar las competencias de la enfermería, entre ellas, la posibilidad de que estos profesionales sanitarios pueden prescribir a los pacientes un catálogo cerrado de fármacos.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos solicitó una reunión con carácter urgente ante el anuncio de la Consejería de Salud del proyecto de Decreto.

 

Según informó en una nota la citada entidad colegial, la solicitud de esta reunión urgente responde a la necesidad de "abordar conjuntamente con la Consejería de Salud este tema". Con todo, este organismo declinó hacer cualquier otro tipo de valoración, "hasta que no mantengamos con la Junta el encuentro solicitado".

 

En cualquier caso, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos se viene mostrando su rotundo rechazo a la prescripción enfermera, hasta el punto de sostener la propia entidad que la aprobación de tal Decreto "constituiría un atentado al acto médico".

 

En virtud del Real Decreto 9/1996, por el que se regula el régimen de suministro y dispensación de productos sanitarios con cargo a fondos públicos, los médicos entienden que la Junta de Andalucía pretende con este Decreto "extraer la conclusión de que las comunidades autónomas pueden establecer mediante normativa propia modelos específicos de la receta oficial", según se desprende del documento elaborado a tal efecto por el Consejo de Médicos.

 

De hecho, el colectivo médico muestra sus dudas acerca de que la comunidad andaluza "cuente en estos momentos con competencias precisas para legislar en esta materia y en contradicción con las normas estatales".

 

Así, frente a la interpretación de la Administración, el Consejo Andaluz entiende que en el artículo 4 del citado Real Decreto se plasma, entre otras consideraciones, que la dispensación de los productos por las oficinas de farmacia "exigirá la presentación de la correspondiente receta oficial, debidamente cumplimentada por el facultativo prescriptor".

 

Además, argumenta que en dicha norma la entrega directa de los productos sanitarios "deberá efectuarse previa orden facultativa de prescripción", extremo por el que justifica que la receta oficial, "sea la establecida por el Ministerio o las comunidades autónomas, debe ser cumplimentada por el facultativo prescriptor".

 

De esta forma, prosigue el escrito del Consejo Andaluz de Médicos, la propuesta de elaboración de unos modelos específicos de receta para que puedan ser indicados directamente por otros profesionales "ha de considerarse una interpretación abusiva e ilegal del Real Decreto".

 

En la misma línea, alude a la Ley 29/2006 de 26 de julio, que regula las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y en la que establece que el médico y el odontólogo "son los únicos profesionales para ordenar la prescripción de medicamentos".

 

El citado órgano colegial sostiene que esta Ley "no está sino definiendo lo que, con carácter exclusivo y excluyente, el Tribunal Supremo ha entendido como etapas indefectiblemente unidas al llamado acto médico y que ha establecido con claridad, como son la exploración, el diagnóstico y la prescripción". Además, sobre la prescripción agregó que es un elemento "implícito" en el acto médico "y nunca delegable".

 

Igualmente, alude a la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que otorga a los facultativos el diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención".

 

"En ninguno de estos artículos, 6 y 7 de la Ley 44/2003 se reserva a otros profesionales competencias en materia de prescripción, y en modo alguno distingue la Ley entre medicamentos con o sin receta, razón por la cual hemos entendido que la propuesta transgrede claramente una ley estatal", prosigue el escrito.

 

Por todo ello, desde el seno del Consejo Andaluz de Médicos se duda acerca de que la comunidad autónoma Andaluza "cuente en estos momentos con competencias precisas para legislar en contradicción con las normas estatales, máxime cuando se admite que como regla general los medicamentos solo se dispensarán con receta".