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MANIFIESTO DE FEASAN Y OTRAS SIETE SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Denuncian que sólo el 9 por ciento de los pacientes candidatos tiene acceso a los nuevos anticoagulantes orales

Carla Nieto. Madrid · 16 enero 2014

El colectivo de pacientes anticoagulados tilda de "incoherente" que algunas CCAA hayan elaborado sus propias recomendaciones en relación con el uso de estos fármacos cuando la AEMPS ya había establecido unos criterios comunes.

Las recomendaciones adoptadas por algunas Comunidades Autónomas respecto a la prescripción de los nuevos anticoagulantes orales, las inequidades que se están produciendo en el acceso a estos fármacos y la necesidad de una adecuada formación tanto de los pacientes como de los médicos respecto a estas terapias son algunos de los puntos que quedan reflejados en el documento “Posicionamiento sectorial en relación a la restricción en el acceso a los nuevos anticoagulantes orales y la inequidad territorial”, elaborado por la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) y que ha contado con la colaboración de Federación Española de Ictus (FEI) y 7 sociedades médicas.

Tal y como explicó el presidente de Feasan, Luciano Arochena, “el objetivo de este documento no es ‘alabar’ estos fármacos frente a otros, sino poner de manifiesto las barreras de acceso que se están produciendo respecto a esta innovación terapéutica. Y lo hemos hecho a través del abordaje de una serie de puntos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de potenciar la educación y la información para promover el rol activo de los pacientes, ya que hemos constatado que el anticoagulado tiene poca información y escasa participación en las decisiones sobre su tratamiento. En este sentido, hay que fomentar su papel como gestor de su enfermedad garantizando que tenga el conocimiento y los criterios necesarios respecto a las terapias existentes, ya que actualmente, sólo el 9% de los pacientes candidatos a estos fármacos tienen acceso a los nuevos anticoagulantes orales”.

Otro de los puntos recogidos en este documento es la situación que se está dando en algunas Comunidades Autónomas respecto al acceso a estos fármacos. “Nos parece incoherente e innecesario que algunas comunidades propongan sus propias condiciones al margen de los criterios comunes de uso, consensuados y aprobados por el Consejo Interterritorial del SNS. Así mismo, actualmente hay 8 Comunidades Autónomas –Aragón. Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia- en las que se establece que estos fármacos solo sean prescritos por el especialistas hospitalario, excluyendo de esta función a Atención Primaria, lo que supone una discriminación tanto para los médicos de familia como para los pacientes”.

En esta línea, el doctor Vicente Bartomeu, de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), comentó que “no es de rigor que se produzcan inequidades. Desde las sociedades científicas tenemos la obligación de conseguir que todos los pacientes que tengan indicación de coagulación estén correctamente medicados. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un tratamiento sintomático sino de prevenir problemas como el ictus y, por tanto, de salvar vidas”.

El doctor Bertomeu señaló que, hoy por hoy, la primera opción de tratamiento para estos pacientes siguen siendo los anticoagulantes clásicos. “En este sentido, aún hay mucho por mejorar, sobre todo en lo que se refiere a la formación del paciente. Entre un 30 y un 40% de los pacientes presentan intolerancias a los antiguos anticoagulantes, y es en estos en los que hay que priorizar la prescripción de los nuevos, una decisión ésta que siempre debe basarse en criterios médicos, no económicos”.

Por su parte, el coordinador del Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de semFYC, el doctor José María Lobos, definió al ictus como una enfermedad “devastadora” ya que, por sus características, los pacientes que no fallecen quedan con unas incapacidades enormes. “Una cuarta parte de los 125.000 ictus que se producen al año en España están producidos por fibrilación auricular, y teniendo en cuenta que 1 de cada 3 pacientes no está correctamente anticoagulado, lo que aumenta el riesgo de mortalidad por ictus, está claro que se puede mejorar, y mucho, la prevención. Hay pacientes prioritarios con los que habría que involucrarse muy en serio desde ya para que reciban el tratamiento adecuado, lo que a su vez supone una medida de ahorro: cada paciente de ictus cuesta 13.000 euros en los primeros 3 meses después del episodio agudo, a lo que hay que unir los gastos de hospitalización y de rehabilitación. Desde todos los puntos de vista, es mucho más económico prevenir el ictus que abordar su tratamiento”.

Las sociedades que han participado en este documento son SEC, SEMG, semFYC, SEMERGEN, SEMI, SETH y SEMES.

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