Medicina y humanidadesPOLÍTICA SANITARIA
El Congreso rechaza revocar el euro por receta en Cataluña y Madrid y el copago farmacéutico en hospitales
JANO.es · 13 diciembre 2012
La moción recogía también la petición al Gobierno para que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía.
El Congreso de los Diputados rechazó ayer una moción del Grupo Socialista que pedía la revocación del euro por receta implantado en Cataluña desde julio y que, previsiblemente, se aplicará en la Comunidad de Madrid a partir de enero de 2013, así como el copago farmacéutico en aquellos medicamentos que se dispensen en las oficinas de farmacia de los hospitales.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai apoyó a los socialistas en esta iniciativa. En cambio, CiU, que tiene implantada en Cataluña la medida del euro por receta, se abstuvo, junto con el PNV. Por su parte, PP, UPN y Foro de Asturias votaron en contra de la misma.
El encargado de defender la moción, el socialista José Martínez Olmos, reiteró que "Ana Mato es una ministra ausente e indolente" y que no está capacitada para dirigir su cartera ministerial.
El PSOE aceptó las enmiendas presentadas por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que, entre otros puntos, sugerían que se repusiera "con urgencia" la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, que se garantizase la atención pública y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, y que se suprimiera la tasa por la expedición o renovación de la tarjeta sanitaria.
Asistencia sanitaria universal
La moción recogía también la petición al Gobierno para que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía, así como la "paralización de inmediato" de la privatización de la gestión de los servicios sanitarios públicos.
De igual forma, pedía el aseguramiento de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario, evitando que los impagos a oficinas de farmacia pongan en riesgo el acceso a los medicamentos, para lo que proponía que los sistemas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas tengan entre sus prioridades garantizar el pago a las oficinas de farmacia.
