GESTIÓN SANITARIA

El Consejo de Ministros aprueba PERTE sanitario, que generará 4.335 millones de euros y 12.600 empleos

Ministerio de Ciencia de Innovación · 01 diciembre 2021

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, recordó que el plan contempla una inversión de 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023 para transformar el Sistema Nacional de Salud.

El Consejo de Ministros dio ayer su visto bueno a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia, cuya previsión de contribución al Producto Interior Bruto (PIB) es de 4.335,496 millones de euros, con una generación de 12.688 puestos de trabajo.

Así lo detalló en rueda de prensa la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien recordó que el plan contempla una inversión de 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023, de los 982 se van a invertir desde el sector público y 487 millones de euros desde el privado, para transformar el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Con este proyecto estratégico las personas ganarán en salud, seguridad y esperanza. Y España avanzará en las transformaciones necesarias para que este país sea más competitivo, equitativo, cohesionado y próspero, así como más resiliente ante futuras amenazas", destacó Morant.

La responsable de Ciencia e Innovación aseguró que se trata de un "proyecto transformador" con varios objetivos estratégicos, como posicionar a España como país líder en la innovación y desarrollo de terapias avanzadas, orientadas a la curación de enfermedades como la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas o la ELA, entre otras.

"Se trata de garantizar y hacer sostenible desde el punto de vista financiero la prestación para el SNS de los sistemas de salud de vanguardia para todos los ciudadanos y de apoyar las excelentes capacidades de investigación, innovación y desarrollo clínico que tenemos en nuestras universidades, centros de investigación y sistema hospitalario", añadió.

Asimismo, también se pretende impulsar la implementación equitativa de una medicina personalizada de precisión, "favoreciendo el refuerzo, el desarrollo y la creación de empresas competitivas basadas en la generación de conocimiento aplicable a este objetivo". "Queremos que cada paciente reciba el tratamiento más efectivo frente a su enfermedad, único y de precisión", declaró Morant.

También se recoge desarrollar un SNS digital, con "una base de datos integrada que permita la recogida, el tratamiento, el análisis y la explotación de los datos procedentes de las distintas fuentes para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación".

La ministra explicaó que, en suma, se trata de "contribuir a la prosperidad a la creación de empleo" desde el sector sanitario, que "es muy importante en nuestro país". En este sentido, recordó que el total del gasto sanitario público en 2019 fue de 75.025 millones de euros en Sanidad, lo que supone el 6 por ciento del PIB.

Asimismo, este PERTE sanitario contempla la creación de la Alianza Salud de Vanguardia, un foro de discusión en el que participarán las empresas del sector biotecnológico y farmacéutico, las administraciones públicas (ministerios y comunidades autónomas), los centros asistenciales (hospitales y centros de atención primaria) y los centros y departamentos de investigación (OPI, IIS, fundaciones o universidades). El objetivo es "facilitar el intercambio de ideas, especialmente en el marco de la coprogramación y cofinanciación de proyectos en el futuro".

Según las previsiones del Ejecutivo detalladas por Morant, este plan generará una contribución al PIB de 4.335,496 millones de euros, de los que 2.176,496 para actuaciones innovadoras y de transformación del SNS, 1.159 en digitalización y 1.000 en fortalecimiento y desarrollo industrial.

Esto se traduciría en 12.688 puestos de trabajo: 9.141 por las actuaciones innovadoras y de transformación del SNS, 1.527 por la digitalización y, finalmente, 2.020 por el fortalecimiento y desarrollo industrial. Junto con todo esto, Morant apuntó que el objetivo es reducir en un 30 por ciento las diferencias interterritoriales en años de vida saludables tras los 65 años.