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GESTIÓN SANITARIA

El Defensor del Pueblo ha recibido 536 quejas relacionadas con sanidad

JANO.es y agencias · 07 abril 2011

Son 190 menos que el pasado año, según recoge el informe anual, en el que se ha incluido un apartado sobre “medidas sanitarias frente al tabaquismo”.

El Defensor del Pueblo ha recibido a lo largo del pasado año 536 quejas relacionadas con la sanidad, 502 de ellas presentadas de forma individual y 34 de oficio, según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2010, hecho público ayer miércoles.
 
El informe destaca dentro de sus conclusiones como “uno de los retos principales” a los que se enfrenta actualmente el Sistema Nacional de Salud (SNS) el referido a la cohesión territorial, concretamente a la “diversidad” existente con relación a las prestaciones sanitarias que ofrecen los distintos servicios autonómicos.
 
Las diferencias en las prestaciones ofrecidas por los distintos servicios sanitarios, según las quejas recogidas por la institución y tras las investigaciones seguidas, van desde el propio reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y a las prestaciones farmacéuticas hasta la oferta asistencial referida a cuestiones como el calendario de vacunación, salud mental, enfermedades raras o poco frecuentes, tratamiento de la fibromialgia y fatiga crónica, diagnóstico genético preimplantatorio, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, etc.
 
Asimismo, pone especial enfasis en las diferencias en la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a personas con VIH, catálogos de prestaciones ortoprotésicas, atención bucodental, cirugía de reasignación de sexo, daño cerebral sobrevenido, atención podológica a pacientes diabéticos, terapias contra el tabaco y ayudas económicas a personas celiacas, entre otros.
 
Aparte, destaca que “la confusión y el lógico rechazo” que genera en el ciudadano encontrarse en situaciones de falta de atención, o de atención diferida, provocadas por la gestión burocrática de los expedientes sanitarios, cuando se acude a un centro de salud de una comunidad autónoma distinta a la suya de residencia.
 
En conjunto, el Defensor del Pueblo evidencia problemas de descoordinación interadministrativa, una carencia de elementos de determinación de los mínimos comunes, que “sólo puede suplirse con el concurso de todas las administraciones involucradas, en un compromiso firme por respetar los principios de equidad y universalidad que inspiran el SNS”.
 
También hace especial atención a la listas de espera, ya sean para las consultas especializadas, las pruebas diagnósticas o las quirúrgicas. Este motivo de “insatisfacción”, añade, varía en grado notable según unos territorios y otros. Asimismo, desde la organización lamentan la falta de datos referidos a todas las comunidades autónomas.
 
Por este motivo, teniendo en cuenta la actual crisis económica, hace una llamamiento a las Administraciones competentes para que “se adopten medidas efectivas de refuerzo de los servicios públicos de salud, incluidas las de carácter presupuestario y de dotación de plantillas, compatibles a su vez con los métodos más actualizados de gestión”.
 
“De tal manera, y sólo así, será posible salvaguardar los altos niveles de calidad y cohesión que han llegado a caracterizar al sistema nacional de salud y que constituyen, por mandato constitucional, un derecho social básico de todos los ciudadanos”, explica.
 
En definitiva, desde el Defensor del Pueblo, sin perder de vista el contexto general de dificultades en materia económica, sigue siendo necesario hacer un llamamiento a todas las administraciones competentes para que se adopten medidas efectivas de refuerzo de los servicios públicos de salud, incluidas las de carácter presupuestario y de dotación de plantillas, compatibles a su vez con los métodos más actualizados de gestión, dado que la persistencia en la restricción de recursos se encuentra en el origen de muchos de los problemas referidos antes.
 
Por otra parte, en el marco de la doble perspectiva de “universalidad” y “gratuidad”, el Defensor del Pueblo viene reiterando que uno de los principales retos de la sanidad española es el relativo a la culminación de la reforma legal adecuada que permita fijar los contenidos y el carácter del derecho a la asistencia sanitaria como derecho público subjetivo, personal y no contributivo.
 
“Es éste, por tanto, un proceso todavía pendiente y sobre el que siguen incidiendo no pocas quejas de ciudadanos residentes en España, a quienes aún no se les ha reconocido este derecho, con la consecuencia de que se ven obligados a financiar la atención en aquellos supuestos en los que acceden a centros y servicios del SNS”, incide.
 
Al margen de los indicadores de recursos, las quejas de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo en el ámbito de la Atención Primaria se centran, básicamente, en restricciones en la movilidad de los pacientes dentro del sistema público sanitario, como consecuencia de dificultades para obtener una atención continuada y de calidad en sus desplazamientos a comunidades autónomas distintas a las de residencia; en problemas en el acceso a la atención sanitaria en centros de salud; y en inadecuaciones estructurales de centros y servicios e insuficiente dotación de profesionales en los mismos.
 
Asimismo, se destaca en sus quejas las relacionadas con las áreas de Urgencia de centros públicos hospitalarios en diferentes comunidades autónomas. Entre otros aspectos, estas quejas siguen resaltando, especialmente, la existencia de notables demoras, en ocasiones, en la prestación de la asistencia.
 
La prestación farmacéutica, “inescindible” de la atención sanitaria, sigue mereciendo una atención singular por parte de los ciudadanos, cuyos planteamientos ante el Defensor del Pueblo se centran básicamente en el suministro y distribución, eficacia y publicidad y prescripción de medicamentos. En cuanto al suministro y distribución de medicamentos sobre todo se producen aquellas relacionadas con el desabastecimiento.
 
Finalmente, desarrolla este año un apartado sobre “medidas sanitarias frente al tabaquismo”, donde destaca su preocupación por el consumo y uso del tabaco, y reitera la necesidad de adoptar medidas destinadas no sólo a reducir la inducción al consumo de tabaco, sino también a promover los legítimos derechos a la protección de la salud de los no fumadores.
 
Por lo que se refiere a las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo en 2010 relativas a esta materia, destaca las de entidades en defensa de los derechos de los fumadores, o las relacionadas con las consecuencias que tendría para los empresarios de restaurantes que habían realizado las reformas necesarias de adaptación a la ley anterior, hasta quejas de ciudadanos que exponían que en la calle se iban a producir molestias por la suciedad o los ruidos. Así las cosas, prevé la entrada de numerosas reclamaciones sobre esta cuestión en 2011.
 

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