En los próximos 10 años, el sistema sanitario español necesitará un rango de incremento del gasto con respecto a 2015 de entre 32.000 y 48.000 millones de euros, lo cual significa, en el peor escenario, prácticamente doblar el gasto sanitario público actual. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Funding the gap. El futuro del sistema sanitario: ¿Será posible financiar el sistema y reducir las desigualdades en salud?', elaborado por ESADE y Antares Consulting. Según el análisis, presentado en el encuentro ESADE ‘Big Challenges’, moderado por Francisco Longo, director de ESADEgov y coautor del informe, el gasto sanitario público en 2025 podría situarse entre los 97.000 y los 113.000 millones anuales, considerando que en 2015 habrá sido previsiblemente de 64.833 millones de euros.

Según el documento, la diferencia entre ambas cifras es el resultado de una estimación lineal o una estimación gestionada del gasto sanitario público. Así, los 16.000 millones de euros de diferencia entre ambos modelos son el coste de no actuar, es decir, las necesidades de financiación del gasto público sanitario como consecuencia de no haber tomado suficientes medidas para gestionar el crecimiento del gasto sanitario de aquí al año 2025. Sin embargo, los autores del informe también indican que los 32.500 millones de euros estimados en el escenario posibilista representan la base que habrá que financiar para cubrir las necesidades del sistema sanitario público en la fecha señalada.

El análisis muestra que el gasto en salud crece a medida que los países van desarrollándose, pero también que lo hace a un ritmo mayor que el crecimiento del PIB: por término medio, 2 puntos por encima, lo cual suscita el debate sobre su sostenibilidad. Según Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de ESADE y coautor del informe, “este debate, pese a ser importante y necesario, se ha realizado a menudo obviando los beneficios que el sistema sanitario aporta. Tampoco se ha prestado la misma atención a la cuestión de la desigualdad, en que, a pesar de la universalización y de los grandes avances, existen importantes aspectos de mejora en España, como los tiempos de acceso al especialista con un seguro privado, el efecto de los (no) copagos o la elevada variabilidad de la financiación del gasto sanitario público entre autonomías”.

En palabras de Joan Barrubés, socio director de Antares Consulting y coautor del informe, “el debate acerca de la sostenibilidad del sistema sanitario requiere una visión más global, que abarque cuatro aspectos. En primer lugar, una reflexión colectiva sobre las prioridades del gasto público y el nivel de riqueza común (PIB) que la sociedad está dispuesta a dedicar a la salud. En segundo lugar, una política fiscal eficaz para poder recaudar los recursos necesarios para financiar el conjunto del gasto público y, en particular, el gasto sanitario. En tercer lugar, un debate más profundo sobre la cobertura del sistema, centrado más en la rentabilidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios que en la población cubierta. Y, finalmente, el desarrollo de la única política que se ha demostrado eficaz hasta el momento: mejorar la gestión del coste de los procesos de asistencia sanitaria”.

Es evidente que este debate se ha visto agravado por la crisis económica que ha sacudido a los países desarrollados. El informe de ESADE muestra que, a raíz de la crisis, la reducción del gasto sanitario en España ha sido significativa: en 2014 se situó en los niveles de 2007. Los autores del documento señalan también la necesidad de analizar cómo se ha reducido este gasto y a qué se atribuye una disminución tan importante. Según los datos analizados, los capítulos que más se han reducido son, principalmente, los salarios de los profesionales (el gasto salarial se ha reducido en más del 10% desde 2009), las inversiones (el 28% de los equipos tecnológicos de los hospitales españoles tienen más de diez años) y los precios de los fármacos (los gastos en las farmacias se han reducido en un 22%).

El informe revela que la crisis económica ha agravado profundamente el riesgo de desigualdad en la salud, especialmente en tres aspectos. En primer lugar, por su impacto en los sistemas de salud como consecuencia de la reducción del gasto público (una diminución de 8.900 millones de euros en España entre 2009 y 2013). En segundo lugar, por el impacto sobre el estado de salud de la población, más difícil de caracterizar porque la correlación entre gasto público en salud, mortalidad y esperanza de vida es muy baja a corto plazo. Y, por último, por el impacto que la crisis ha tenido en las desigualdades sociales en la salud, que ha sido el más evidente. Entre 2009 y 2012, el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social aumentó en 9 millones en la Unión Europea. El informe aporta datos que demuestran que las situaciones de pobreza generan condiciones de peor educación, alimentación, conocimiento y acceso al sistema, y disminuyen la capacidad de seguir los consejos de los profesionales sanitarios.