MEDICINA DEL TRABAJO
JANO.es · 18 octubre 2010
La AEEMT lamenta, en un comunicado, que en el último borrador de dicha norma no se hayan producido modificaciones que impliquen una mejora de las condiciones de salud de su población trabajadora.
El Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ministerio de Trabajo e Inmigración iniciaron la semana pasada el trámite de audiencia del nuevo real decreto que regulará la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Según la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) y contrariamente a lo afirmado por ambos ministerios en su comunicado oficial, esta nueva norma no permitirá cumplir con la mejora de calidad prometida en la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales ni tampoco logrará homogeneizar las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores en toda España. Además, este futuro real decreto no refuerza, en ningún caso, la figura del médico especialista en medicina del trabajo.
Desde la AEEMT han lamentado, en un comunicado, que en el último borrador de dicha norma no se hayan producido modificaciones que impliquen una mejora de las condiciones de salud de su población trabajadora. Además, “esta norma no va a reformar las conciencias de todos los errores cometidos desde la aprobación de la LPRL en 1995 en la materia que pretende regular, sino que va suponer una merma en la calidad de la actividad sanitaria de los servicios de prevención, ya que no define la cartera de servicios de la medicina del trabajo, no fomenta la coordinación con atención primaria y abre la puerta a la contratación de profesionales con menor cualificación”, advierten.
La asociación asegura que con esta reforma se pueden ver reducidos a menos de la mitad el número de médicos del trabajo y enfermeros de empresa, medida que se acompaña a la reducción de las plazas MIR de medicina del trabajo, “lo que contradice la presunta escasez de médicos del trabajo en algunas comunidades autónomas como se plantea por parte de la CEOE y representantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración y plantea la nula intención por parte del Ministerio de Sanidad de defender nuestra especialidad”.
En el comunicado, además, denuncian que la norma, “pretende legalizar situaciones irregulares a favor de intereses económicos que no tienen nada que ver con la mejora de la salud de los trabajadores y que, desde luego, la calidad de la actividad sanitaria de los servicios de prevención va a verse alterada de tal forma, que probablemente en unos años los trabajadores no tendrán ningún interés en ser examinados en dicho servicio, salvo que la vigilancia de la salud sea un impositivo legal, lo cual no es razonable en todos los casos”.
Finalmente, la asociación advierte que las medidas que propone el nuevo real decreto no conseguirán reducir “las tasas españolas de siniestralidad laboral, que nos colocan a la cola de los países avanzados del entorno europeo, si no que, por el contrario, perjudicará a los casi 18 millones de españoles que constituyen la población activa de nuestro país y hará retroceder a una especialidad que, en los últimos años ha conseguido grandes logros en pro de una población laboral activa saludable”.