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La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha hecho públicas las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales que su oficina ha transmitido a las distintas administraciones públicas, y entre las que destaca el hecho de que el principal motivo de reclamación haya sido la universalidad y gratuidad de la sanidad.

"La universalidad y gratuidad de la Sanidad son asuntos por los que la oficina del Defensor del Pueblo lleva mucho tiempo batallando", señala Cava de Llano, al tiempo que recuerda que sus actuaciones se han plasmado en recomendaciones a los Ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Presidencia, bajo el fundamento de que "un segmento de la población aún no tiene reconocido el citado derecho, a pesar de que la sanidad se financia vía impuestos desde el año 1999".

En este sentido, la Defensora recuerda que la publicación de la Ley General de Salud Pública (33/2011, de 4 de octubre) "extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serle reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico".

Entre los casos más relevantes de este año, figura la investigación de oficio de la atención médica y farmacéutica a ciudadanos desplazados a otras comunidades autónomas. En su respuesta, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad informó de la creación de un grupo de atención a desplazados, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que recomendará la elaboración de un documento de consenso que unifique criterios y procedimientos a nivel nacional para la atención a este colectivo.

86 intervenciones más que en 2010

Otras actuaciones destacadas en materia sanitaria tuvieron que ver con la atención al daño cerebral sobrevenido, con la participación social en el Sistema Nacional de Salud y con la confidencialidad de los datos clínicos de pacientes con VIH/sida, entre otros asuntos.

Por otra parte, también se siguieron atendiendo en 2011 quejas en relación a la accesibilidad de personas con discapacidad; y se inició una investigación de oficio a raíz de las carencias detectadas en el sistema de protección de la infancia.

En general, la oficina ha registrado un incremento de sus recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las distintas administraciones públicas, hasta alcanzar las 534 resoluciones, 86 más que en 2010.