• 

El Consejo de Ministros ha dado en el día de hoy luz verde al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con el objetivo de “salvaguardar la dignidad de la Mujer”, según ha afirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

 

El Ejecutivo remitirá el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial que deberán emitir su informe preceptivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo, De la Vega ha asegurado que, además de “proteger y garantizar en todo el Estado los derechos de las mujeres”, la intención del Gobierno es también ofrecer seguridad jurídica a los profesionales de la Sanidad.

 

Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha manifestado que la Ley ofrece “más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados”. Además, ha señalado que se trata de una norma “más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual”.

 

Según estipula la normativa, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. “Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas”, ha señalado Aído.

 

De manera excepcional –ha especificado la ministra de Igualdad– hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

 

A partir de aquí, sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, “para que sea una prestación pública y gratuita”. Y es que según ha señalado Aído, “el Estado velará por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria”.

 

 

 

Con la nueva ley, en palabras de Aído, “ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, lo que no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes”.

 

Por último, en la disposición final segunda del Anteproyecto se plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años. Según Aído, “se trata de dar coherencia al marco jurídico y desde luego, de evitar intervenciones clandestinas”.

 

Por otra parte, en relación a la encuesta presentada hoy por Derecho a Vivir (DAV), de la que se desprende que el 40,5% de los españoles no aprueba el aborto, la titular de Igualdad ha asegurado “tener datos diferentes. En todo caso, lo que corresponde al Gobierno es solventar los problemas” generados por la legislación actual.