BIOÉTICA

Oviedo acoge el Congreso Nacional de Bioética

JANO.es y agencias · 18 octubre 2007

La humanización de la asistencia, los comités de ética asistencial y el uso de los medicamentos como recursos sanitarios, entre los principales temas a debatir

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de junio, con la única oposición del Partido Popular, la Ley de Investigación Biomédica, que regulará todos los aspectos científicos y ético-jurídicos de la investigación surgida en torno a los últimos avances científicos --caso, entre otros, de los ligados a los test genéticos o al uso de las células madre--. Esta ley permitirá, en palabras de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, que "España se posicione dentro del grupo de países que lideran la investigación en el área de la biomedicina, dentro de un contexto de máximas garantías éticas, de calidad y seguridad".

De acuerdo con la nueva ley, los investigadores podrán utilizar cualquier técnica de obtención de células troncales humanas. La excepción: la creación de embriones destinados a la investigación, expresamente prohibida. En consecuencia, y por primera vez en nuestro país, se permite la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear con fines de investigación --la denominada "clonación terapéutica"--, con la que España se suma al grupo de 8 países --Reino Unido, Bélgica, Suecia, Japón, Australia, Israel, Corea del Sur y Singapur-- en los que esta técnica ya se encuentra regulada. El requisito para su empleo es la aprobación del proyecto por parte de la nueva Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, organismo adscrito al Instituto de Salud Carlos III y responsable de los preceptivos informes sobre los proyectos de investigación.

Órganos colegiados

Además de la referida Comisión de Garantías, la nueva norma contempla la creación de otros 2 órganos colegiados que velarán por la seguridad y el respeto con los derechos humanos de toda investigación: los Comités de Ética de la Investigación y el Comité de Bioética de España, órgano consultivo, colegiado e independiente adscrito al ministerio de Sanidad y responsable de la elaboración de informes, propuestas y recomendaciones a la administración central y autonómica en materia de investigación biomédica.

Además, el texto introduce de forma explícita el principio de precaución y mejora la regulación de la confidencialidad y la protección de los datos personales cuando se investiga con personas o con su material biológico.

La norma también regula el almacenamiento, la cesión y la utilización de muestras biológicas --basadas en el principio de gratuidad--, así como el funcionamiento de los biobancos, establecimientos públicos o privados sin ánimo de lucro bajo control de las comunidades autónomas y que tendrán que estar inscritos en el futuro Registro Nacional de Biobancos.

Carrera profesional

Los cribados y análisis genéticos se encuentran asimismo contemplados en una nueva normativa que, además, garantiza la accesibilidad, la equidad y la gratuidad de estas técnicas. También la profesionalización de la investigación biomédica, al definir la carrera investigadora en los centros del Sistema Nacional de Salud y establecer los mecanismos para incardinarla en el día a día de los hospitales y centros de salud y para favorecer el intercambio y la movilidad de los investigadores. Además, la ley prevé la cooperación entre los sectores público y privado, mediante el fomento de nuevas oportunidades empresariales en materia de investigación.

Por último, y tras la incorporación de aspectos del Protocolo Adicional a la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, la ley especifica las condiciones que requieren las investigaciones que impliquen algún procedimiento invasivo, investigaciones que, una vez logrado el consentimiento del afectado, necesitarán de la aprobación de los Comités de Ética correspondientes.

En la defensa de la norma, Elena Salgado señaló que el texto se ha enriquecido durante su tramitación parlamentaria (en la Cámara Baja se incorporaron o transaccionaron un 60% de las 222 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios). A su juicio, la norma es una "ley de garantías" que pretende alcanzar un equilibrio entre el respeto a la libertad de investigación y los controles que garantizan que ésta se realiza respetando los derechos del ser humano y, en particular, protegiendo a las personas participantes en los ensayos.