APARATO DIGESTIVO

Polipectomía y mortalidad por cáncer de colon

JANO.es y agencias · 16 octubre 2007

Científicos estadounidenses citan la extirpación de los adenomas precancerosos en la primera colonoscopia como el factor que en mayor medida reduce el riesgo de muerte

Cumplidos 8 meses de la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco, se ha cubierto el plazo estipulado para que bares, cafeterías, restaurantes y otros establecimientos abiertos al público adecuen sus locales a lo establecido en la ley.

Determina ésta la prohibición de consumir tabaco en los establecimientos de más de 100 metros cuadrados, salvo en las zonas acotadas y aisladas del resto del local, que no podrán ocupar más de la tercera parte del espacio total.

La realidad es que una parte importante --más de la mitad-- de los establecimientos afectados, especialmente en el ámbito de la hostelería, no han realizado las obras necesarias para cumplir lo legislado.

En la práctica, cada comunidad autónoma ha seguido en la aplicación de la popularmente denominada ley antitabaco un camino distinto, que va de una amplia tolerancia a una estricta rigidez, amparándose en las competencias transferidas de inspección, control y sanción y en la capacidad autonómica para suavizar o endurecer la ley elaborada por la Administración Central.

Valencia y Andalucía han aprobado reglamentos de aplicación de la ley que rebajan sus niveles de exigencia, y Madrid ha anunciado su intención de seguir el mismo camino.

Todo esto contribuye a la confusión, una confusión interesada, por cuanto el desarrollo reglamentario por las comunidades es una posibilidad que no puede desfigurar el contenido esencial de la ley y que, en modo alguno, puede llevar a la inequidad, a establecer niveles diferentes de exigencia en función del lugar del Estado en el que se viva.

Las evidencias sobre la toxicidad del tabaco resultan tan numerosas como abrumadoras. Con independencia de la patología causante, el tabaquismo es responsable cada año y sólo en nuestro país de cerca de 50.000 muertes --16% de los fallecimientos de mayores de 35 años--. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado el tabaquismo como una epidemia mundial, y los sistemas sanitarios de todas y cada una de las naciones del planeta han coincidido en señalar la erradicación o, cuando menos, limitación del consumo de tabaco como la medida de prevención de salud pública más eficaz y eficiente.

El Ministerio de Sanidad y Consumo reconoce que el tabaquismo es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable en España. Y, asimismo, la OMS denuncia que el consumo de tabaco se encuentra relacionado con más de 25 enfermedades y se constituye como causa principal del 90% de las muertes por cáncer de pulmón; el tabaquismo aparece asociado en 9 de cada 10 de los 18.000 nuevos casos anuales de cáncer de pulmón en España, en el 30% de la mortalidad por cualquier tipo de cáncer, en el 95% de los fallecimientos por EPOC y en el 50% de la mortalidad cardiovascular.

Ante estos datos, el cumplimiento de iniciativas legales encaminadas a prevenir la iniciación en el consumo debe defenderse con firmeza. Más aún cuando se constata que la edad media de inicio del tabaquismo en nuestro país se establece en los 13 años y que hasta un 20% de los estudiantes españoles fuma todos los días --33% en el caso de los mayores de 16 años.

También las asociaciones científicas y médicas insisten en la importancia del cumplimiento de la ley frente al tabaco en los locales públicos y en el sector de la hostelería. Está en juego la salud de todos, no sólo de los fumadores, y así ha sido asumido por la ciudadanía, que está contribuyendo ejemplarmente a que la aplicación de la ley en los centros de trabajo haya sido eficaz y muy poco conflictiva.

Por encima de intereses políticos y de partido, los gobiernos autonómicos tienen y deben de dar ejemplo facilitando el cumplimiento de una normativa necesaria que, no se olvide, fue aprobada en el Parlamento por unanimidad.