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Uno de cada diez presos que hay en España (el 10% de la población reclusa) sufre un trastorno mental, según una estadística de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL), que ha excluido del cómputo las adicciones a las drogas, por lo que el porcentaje de reclusos con alguna patología mental sería, en realidad, más elevado.

Con motivo de la celebración en Palma del XX Congreso Nacional de Psiquiatría Legal, en el que participan cerca de 300 profesionales de todo el Estado, el vicepresidente de la SEPL, Alfredo Calcedo, ha señalado que la prevalencia de la enfermedad mental en la población penitenciaria es "extremadamente alta", hasta el punto de que "Instituciones Penitenciarias reconoce que algunas prisiones en España son auténticos centros psiquiátricos".

Calcedo ha indicado que la carga asistencial de los presos con algún tipo de trastorno mental es "tremenda", de forma que, según ha revelado, hay algunas cárceles en Madrid, con una población reclusa de 2.000 personas, que son "auténticos servicios de psiquiatría, ya que tienen más pacientes ingresados en la enfermería de la prisión que en cualquier servicio de psiquiatría de un hospital".

El vicepresidente de la SEPL ha instado al Ejecutivo a transferir a las comunidades autónomas la competencia en materia de sistema sanitario penitenciario, tal como, según ha recordado, ha sucedido en Cataluña. "Reclamamos que mejore la situación de la salud mental de los presos en España y los recursos sanitarios en instituciones penitenciarias y la única salida para ello es que el sistema sanitario penitenciario sea transferido a las comunidades autónomas como ocurre en los países de nuestro entorno, ya que es un gran problema que todavía ha sido incapaz de resolver nuestra clase política", sostiene Calcedo.

En esta línea, ha censurado que en materia de salud mental en las cárceles, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos están "pasándose la responsabilidad los unos a los otros, ya que cada uno mira sólo para sus votantes", en lugar de resolver este "complicado" problema de coordinación.

Para Calcedo, "un preso con una grave enfermedad mental estaría mejor fuera que dentro de la cárcel", teniendo en cuenta que tiene un doble estigma, tanto por estar privado de libertad como por sufrir un trastorno, lo que provoca que sean "francamente complicados su tratamiento y su integración".

De esta manera, ha estimado que, en estos momentos, hay muchos presos de cárceles españolas que "podrían irse a centros psiquiátricos" y que, sin embargo, continúan en prisión, pese a sufrir una enfermedad mental, debido al "rechazo" de los centros psiquiátricos y de la administración sanitaria que los gobierna.

A este respecto, ha lamentado que debido a la "poca coordinación" entre las administraciones, en el momento en el que el preso que sufre un trastorno es puesto en libertad tras cumplir la sentencia, no recibe un seguimiento posterior por parte de los servicios sanitarios de su comunidad autónoma.

Por esta razón, ha reiterado que "más pronto que tarde" se tendrán que integrar las administraciones de salud penitenciaria y de salud autonómica, dado que se trata de una cuestión de "derechos humanos de los presos enfermos mentales, con el fin de que tengan derecho a un tratamiento digno".