SANIDAD PENITENCIARIA

La sanidad penitenciaria española, pionera en programas de reducción de las enfermedades infecciosas

Carla Nieto. Madrid · 16 noviembre 2012

Según datos de Instituciones Penitenciarias, el 22,4% de la población reclusa está afectado de hepatitis C, y un 79,7% reconoce haber consumido drogas en el mes anterior a su ingreso.

Se está celebrando en Madri (desde el pasado día 15 hasta mañana, 17 de noviembre, en que se clausura) el I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), que coincide con el IX Congreso Nacional y las XVI Jornadas. Entre los principales aspectos tratados en esta reunión, en la que participan cerca de 500 profesionales tanto del ámbito sanitario como de la atención comunitaria, se encuentran la situación actual de la sanidad penitenciaria en nuestro país y el abordaje de los principales problemas de salud que se desarrollan dentro de las prisiones.

Durante la presentación del Congreso, el doctor Antonio López Burgos, presidente de la SESP, hizo hincapié en la necesidad de integrar la sanidad penitenciaria en las consejerías de salud, uno de los principales objetivos de esta Sociedad. “La crisis económica está dejando en evidencia que el Ministerio del Interior, del que dependemos, no es suficiente para soportar el gasto y el número de personal necesario para atender a las prisiones españolas. La situación actual hace que sea más evidente la necesidad de buscar una solución ya contemplada en la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de mayo del 2003, en la que se insta a las autoridades a que se transfieran las competencias de sanidad penitenciaria a las distintas Comunidades Autónomas. Esto solo se ha conseguido en el País Vasco, donde en el plazo de 10 meses se consiguió la integración de forma que los centros penitenciarios, a nivel sanitario, funcionan actualmente como centros de salud al igual que cualquier otro dentro de la Comunidad en todos los aspectos: la atención de los pacientes, procesos como la telemedicina, el acceso a la historia clínica… Ese es el modelo al que aspiramos desde la SESP”.

Para el doctor López Burgos, esta sería la vía más adecuada para resolver un problema que afecta no solamente a los profesionales de la sanidad sino fundamentalmente a los derechos asistenciales de la población reclusa. “El de la transferencia es un tema que no se puede resolver sin el apoyo tanto del gobierno central como de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, bien porque la Administración no ha terminado de entender la necesidad de esta transferencia o porque las Comunidades Autónomas no la han facilitado debido al gasto que ello supone, ha habido problemas y escollos para llevarla a cabo. Eso nos aboca a una situación de colapso”.

Por otro lado, el presidente de la SESP aportó algunos datos de las patologías más prevalentes en el ámbito penitenciario. “Sin duda, la que tiene más trascendencia mediática es el VIH, aunque no es el mayor problema de salud que tenemos actualmente. El 6,3 % de la población penitenciaria española está infectada y el 66% de los afectados está recibiendo tratamiento antirretroviral dentro de prisión. Se trata de una cifra realmente alta que pone de manifiesto que la institución penitenciaria siempre se ha volcado en el tratamiento y en el control de estos pacientes, y prueba de ello es que la tasa de seroconversión es prácticamente del 0%, lo que se debe en gran parte a los programas sanitarios aplicados en prisiones”.

Entre 13.000 y 15.000 reclusos, infectados de hepatitis C

Otra de las enfermedades infecciosas más frecuentes en este ámbito es la hepatitis C. “La prevalencia está en torno al 22,4% (entre 13.000 y 15.000 internos), que es 10 veces superior a la media de la población general, lo que da una idea clara de la magnitud de este problema en prisiones. Además, en torno a un 50% de ellos están infectados por el genotipo 1 que es al que se dirigen no solo los tratamientos actuales sino también las nuevas terapias antirretrovirales, y ese es precisamente uno de los objetivos que desde la SESP estamos intentando mantener para facilitar el acceso al tratamiento de personas que están en situación de exclusión social, extranjeros o drogodependientes, de forma que puedan tener dentro de la prisión una oportunidad para su curación. Otro de los grandes problemas que hay que abordar es el de las drogodependencias, ya que en torno al 80% de las personas que ingresan en prisión refieren haber consumido algún tipo de droga en el mes previo a su ingreso. Suele tratarse de policonsumo, siendo la vía intravenosa la más frecuente, aunque su incidencia está disminuyendo en los últimos años. Pero sin duda, la gran epidemia de las prisiones es la enfermedad mental. Según los distintos estudios y estadísticas al respecto, el 40% de la población penitenciaria tiene algún tipo de enfermedad mental, destacando la patología dual. Para esta situación, la institución penitenciaria está desarrollando distintos programas para la atención y sobre todo para la reinserción de estos pacientes. Desgraciadamente, la situación actual no permite contar con la colaboración de muchos especialistas en psiquiatría que serían fundamentales para llevar a buen fin estos tratamientos”, señaló López Burgos.

En este sentido, el presidente del Comité Organizador del Congreso, el doctor Fabio Sternberg, destacó los buenos resultados obtenidos por el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental. “Un ejemplo de ello es que el índice de suicidio en este ámbito es el más bajo de los países del entorno, con una media de 4 por cada 10.000 frente a los 14 por 10.000 de los países europeos. Ello se ha conseguido gracias a la puesta en marcha de un programa de detección de riesgo de suicidio. Creemos que la sanidad penitenciaria española tiene mucho que aportar a la asistencia sanitaria en prisiones de otros países”.