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Un centenar de organizaciones pro-derechos humanos han solicitado al Gobierno de Camboya, a través de una carta conjunta entregada este lunes al primer ministro y al ministro de Sanidad del país, que deje de enviar a familias con VIH a Tuol Sambo, un lugar remoto situado a 25 kilómetros de la ciudad más próxima, donde estas personas están siendo alojadas en un refugio que, según denuncian, no posee las condiciones mínimas de salubridad.

 

Asimismo, en la misiva exigen al Ejecutivo del país que mejore las condiciones de vida de estos refugios y que aseguren un acceso a servicios médicos de calidad, incluido tratamiento antirretroviral, tratamiento de infecciones y cuidados primarios, entre otras medidas.

 

Estas organizaciones denuncian que el pasado mes de junio el Gobierno camboyano recolocó forzosamente a 20 familias con VIH que vivían en Borei Keila en un refugio en Tuol Sambo, donde fueron realojadas también otras 20 familias el 23 de julio.

 

 

Tuol Sambo no reúne los niveles mínimos de salubridad exigidos a nivel internacional, ni siquiera para refugios temporales de emergencia, ya que se trata de cobertizos flanqueados por alcantarillas abiertas donde sólo hay un pozo. Las familias temen que sus antirretrovirales se deterioren por el calor. Según Human Rights Watch (HRW), estos cobertizos verdes de metal, sin agua ni otros servicios, ya eran conocidos por la gente de la zona, antes de que llegaran estas familias, como la aldea del sida.

 

En palabras de Rebecca Schleifer, consejera sanitaria de HRW, “las condiciones de vida en Tuol Sambo suponen un grave riesgo para la salud de las familias que viven allí. Más aún para la población con VIH, que tiene sus sistemas inmunitarios comprometidos y son especialmente vulnerables. Para ellos, vivir en estas condiciones puede significar una sentencia de muerte”.

 

Para Shiba Phurailatpa, miembro de la Red Asia-Pacífico de Personas que viven con Sida, el Gobierno camboyano “ha creado de facto una colonia de infectados por el virus del sida juntando a personas con VIH en un alojamiento de segunda, lejos de las instalaciones médicas, de los servicios de asistencia y de los trabajos. Es difícil entender cómo un Gobierno que ha recibido el reconocimiento internacional por sus esfuerzos de prevención de esta enfermedad pueda ignorar así los derechos básicos de las personas que viven con el VIH”.    

 

 

El aumento del valor de la propiedad en la capital de Camboya ha dejado a miles de pobres de la ciudad vulnerables a los desalojos forzosos para dejar vía libre al desarrollo comercial.

 

Cuando vivían en Borei Keila, estas personas trabajaban como conductores de taxi, limpiadores y costureras, entre otros oficios. Ahora, la mayor parte de ellos no tiene perspectivas de trabajo ni en Tuol Sambo ni en sus alrededores y su situación económica ha empeorado por el hecho de que un viaje de regreso a Phnom Penh para ir a trabajar o al hospital cuesta cinco dólares, algo que no se pueden permitir unas familias que ganan de 1,5 a 3 dólares al día.

 

“El Gobierno de Camboya necesita establecer un proceso justo y abierto para que todos reciban el alojamiento y servicios que necesitan”, indica Kevin Moody, miembro de una de las organizaciones denunciantes. “La gente que vive con el VIH, como todos, necesitan condiciones de vida adecuadas que no amenacen su salud y una forma de ganarse la vida. Agrupar a las familias afectadas por sida de esta forma les expone a un estigma y discriminación mayores”.