PROFESIÓN MÉDICA
JANO.es · 16 noviembre 2011
La SEMI denuncia en un comunicado que la reforma que pretende implantar el Gobierno añade al sistema una complejidad innecesaria, no garantiza una mayor calidad asistencial y aleja a España del patrón europeo.
Los jefes de servicio de medicina interna, agrupados en la Sociedad Española de su especialidad (SEMI), han divulgado una nota en la que expresan su rechazo a la aprobación de nuevas especialidades médicas en España, en alusión al anuncio del Gobierno de dotar a la profesión de la especialidad de urgencias.
A juicio de los miembros de la SEMI, una medida de ese tipo exigiría la modificación de las carteras de servicios clínicos y la reorganización de los centros sanitarios. Asimismo, requeriría “la negociación de las dobles titulaciones de especialistas, la reordenación de la oferta de plazas docentes, y la definición de responsabilidades médico-legales”. “Todo ello”, añaden, “sin evidencia sustancial de que se vaya a mejorar la calidad de la asistencia o se vaya a contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario".
En el documento, los jefes internistas de SEMI subrayan que el reconocimiento de nuevas especialidades “nos alejaría de Europa”, y resaltan que “una mayor cantidad de especialidades no es sinónimo de calidad y siempre lleva aparejada una fragmentación del conocimiento y de la atención sanitaria, un incremento en los costes y problemas de viabilidad y equidad”.
Tras recordar que sus servicios constituyen un “eje vertebral de la asistencia sanitaria para enfermedades médicas en España” (un 16% de las altas depende de estos profesionales), los jefes de servicio de medicina interna consideran que las necesidades asistenciales de alta especificidad ya tienen cabida en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, "que está por desarrollar desde hace años y que puede incluir las áreas de capacitación de urgencias y emergencias y la de enfermedades infecciosas”.
Por último, tildan de “inaceptable” la actitud de “determinadas autoridades sanitarias”, a las que acusan de “contestar en público a las alegaciones de otros colectivos profesionales sin que el Ministerio haya contestado por escrito a nuestras alegaciones, siguiendo los cauces establecidos para ello, con una evidente falta de transparencia y respeto”.