PROFESIÓN MÉDICA
JANO.es · 21 mayo 2009
Son contratados con la homologación del título de licenciado otorgado en su país extracomunitario, que no es equivalente al español
El Consejo General de Colegios de Médicos remitió en el día de ayer, 20 de mayo, un escrito al Fiscal General del Estado denunciando la contratación generalizada por los distintos Servicios de Salud de diferentes Comunidades Autónomas de médicos sin el preceptivo título oficial de Médico Especialista, ya que, como reza el escrito “simplemente son contratados con la homologación del título de licenciado en Medicina otorgado en su país extracomunitario, que no es equivalente al español”.
Este procedimiento forma parte del conjunto de medidas que la Organización Médica Colegial (OMC) decidió adoptar el pasado mes de enero en el marco de una Asamblea Extraordinaria, con el fin de poner freno a lo que se considera “una situación intolerable, como es el sistemático incumplimiento de la normativa sobre homologaciones de títulos de Medicina obtenidos en países extracomunitarios”.
En el escrito dirigido a la Fiscalía se recuerda que la formación para obtener los títulos extracomunitarios es muy inferior a la formación cursada para obtener en nuestro país el título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, “por lo que la calidad asistencial disminuye y con ello el derecho a la protección de la salud. Y de la misma manera, son varias las especialidades médicas que en España exigen una formación cuantitativa y cualitativamente superior con los efectos anteriormente mencionados”.
Entre la documentación enviada en esta ocasión figura el Informe elaborado por el Consejo General de Médicos sobre Homologación que, en su momento, fue también remitido al Defensor del Pueblo. En él se insta a los consejeros de Sanidad de las diferentes CC.AA. a poner fin, de forma inmediata, a este tipo de contrataciones y a editar un censo de titulados extranjeros no homologados que ejerzan en sus respectivas comunidades.
En el documento enviado a la Fiscalía se solicita, finalmente, que se arbitren las medidas y diligencias oportunas y se insta a las oportunas acciones judiciales para corregir y restablecer la situación jurídica denunciada.