La Alianza General de Pacientes ha rechazado la propuesta que ha realizado el ministro de Economía, Luis de Guindos, de liberalizar la apertura de las farmacias y ha advertido de que si esta medida finalmente se lleva a cabo, estos establecimientos se convertirán en "supermercados".

Por ello, han mostrado su "más firme apoyo" a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defensora del actual modelo de propiedad-titularidad y ha insistido en que la propuesta de Guindos supondría la apertura de "nuevas farmacias" en forma de  "grandes cadenas y franquicias".

Esta medida, prosigue la Alianza General de Pacientes, ampara la "desvinculación" entre la titularidad y propiedad de una farmacia, con lo que se concede la apertura de este negocio a "cualquier persona o empresa". Dicho esto, recuerda que el actual modelo permite que el 99% de la población española disponga de una oficina de farmacia cerca de su lugar de residencia.

"Ahora contamos con uno de los servicios mejor valorados por la sociedad, cada año las farmacias ofrecen 182 millones de consejos sanitarios a parte de la dispensación, uno de cada tres españoles que entra en una farmacia no adquirió un medicamento y recibió a cambio un consejo sanitario según la organización farmacéutica colegial", apostilla la nota de la AGP.

A juicio de esta entidad, "carece" de sentido renunciar a dicho modelo porque es "suficientemente satisfactorio" a pesar de que se tenga que "mejorar". "No se deben anteponer los intereses económicos a los sanitarios o de interés público", recalca, para recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado al Sistema Nacional de Salud (SNS), como uno de los "mejores" y, "muy por encima", de otros modelos liberalizados.

Asimismo, advierte de que el actual modelo aminora el interés privado de obtener beneficios económicos debido a que una posible infracción de las normas legales o éticas no "sólo pone en peligro la economía del titular", sino también "su profesión y principios".

"Las personas que no poseen esta condición", zanja la AGP, "no tienen la misma responsabilidad que poseen los farmacéuticos y por lo tanto no brindan las mismas garantías. No se ha demostrado que exista un sistema que pueda garantizar la prestación farmacéutica con la misma eficacia, accesibilidad y universalidad, mas sí está demostrado que la desregulación genera concentración en zonas económicamente más rentables poniendo en riesgo la calidad de los servicios".