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El Congreso de los Diputados ha acordado la toma en consideración de una proposición de ley de IU-ICV con la que, gracias al apoyo del PSOE, se pretende “parar los pies” a la privatización del Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre todo en Madrid y la Comunidad Valenciana, comunidades gobernadas por el PP.

 

La propuesta, que también ha contado con el apoyo del BNG y la abstención de ERC y los nacionalistas de CiU y PNV, afecta a la actual Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, y obliga a que la prestación y gestión de los servicios sanitarios se lleve a cabo mediante acuerdos, convenios o contratos con “personas o entidades exclusivamente públicas”, en los términos previstos por la Ley General de Sanidad.

 

De la misma manera, también establece que se mantendrá el carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios. A partir de ahora y hasta la tramitación del texto, se abre un plazo de enmiendas para su debate en el marco de la Comisión de Sanidad Parlamentaria.

 

 

 

Durante el debate en el pleno, la diputada socialista Pilar Grande reconoció no estar de acuerdo con el texto presentado por el diputado de IU Gaspar Llamazares, e incluso defendió la colaboración público-privada en materia sanitaria, si bien su grupo apoyó finalmente la propuesta para “poner coto a esta locura privatizadora” que está promoviendo el PP en las comunidades donde gobierna, especialmente Madrid y Comunidad Valenciana, dado que “cada vez aleja más al paciente del centro del sistema para poner en él la factura que produce este paciente”.

 

Así, Grande confió en que durante la tramitación parlamentaria de este cambio de ley se pueda seguir manteniendo una sanidad pública, gratuita, equitativa y de calidad, “respetando las competencias autonómicas y en el ejercicio de su responsabilidad”. Y es que, en opinión de Grande, el PP está consiguiendo que la sanidad “no sea complementaria, sino sustitutiva, en las comunidades donde gobierna, sobre todo en Madrid y Valencia, donde sociedades mercantiles están recibiendo una cesión de la administración sanitaria pública para la gestión y provisión de servicios sanitarios de una población determinada, desde una tos a una operación de corazón abierto”.

 

En este sentido, Grande, que aseguró que Aguirre y Camps tienen algo más en común que los presuntos casos de corrupción de la trama Gürtel, los espías y el endeudamiento espectacular –concretamente, “su afán de privatización de la sanidad pública con el objetivo de destrozar lo público y hacer un buen negocio de los que es un derecho de la ciudadanía”– citó como ejemplo los casos de Alzira, Denia y Torrevieja, en la Comunidad Valenciana, y Valdemoro, Móstoles, Villalba, Torrejón de Ardoz y los siete nuevos hospitales que se están construyendo en Madrid.

 

A este respecto, el diputado de IU Gaspar Llamazares, impulsor de esta proposición de ley, defendió que la actual normativa es “un monumento a la inseguridad jurídica que ha servido de puerta para la privatización del SNS”. Es más; “la intromisión de entidades privadas en la gestión de la sanidad pública supone un mayor coste, ofrece una eficacia ruinosa del sistema y afecta negativamente a los ciudadanos, que de seguir con este modelo se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales”.

 

 

 

Por el contrario, el diputado popular Mario Mingo aseguró que con esta propuesta se pretenden “desmantelar las mejoras” que ha ido adquiriendo el SNS ya que, explicó, todas las comunidades utilizan “las mejores formas de gestión buscando lo mejor para sus ciudadanos”.

 

Según sus palabras, “la ciudadanía quiere que la asistencia sanitaria sea efectiva, clara, con los mejores medios, igual que en cualquier otra comunidad y, sobre todo, gratuita”. Asimismo, criticó que el debate se haya centrado en Madrid y Comunidad Valenciana cuando otras autonomías como Andalucía, Cataluña, Asturias o Castilla-La Mancha también establecen conciertos con entidades privadas en el ámbito sanitario. Por todo ello, su grupo ha votado en contra de la propuesta “con todo el cariño del mundo”.

 

Por su parte, y si bien el PNV y CiU reconocieron su apoyo a los motivos que originan la proposición de ley, defendieron la libertad de cada comunidad para elegir cómo quieren gestionar sus recursos. Según reconoció la diputada de CiU María Concepció Tarruella, “hay algunas autonomías que gestionan su sistema sanitario basándose en conciertos con entidades privadas y funcionan muy bien”.