La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó el lunes a las comunidades autónomas -con motivo del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS)- el anteproyecto de ley de adaptación a la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad que introduce modificaciones en materia de discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protección civil, cooperación internacional y seguros.

El anteproyecto de Ley, que deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros, pretende adaptar parte de la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Así, en materia de sanidad se modifica la Ley General de Sanidad, Ley sobre extracción y trasplante de órganos, Ley reguladora de la autonomía del paciente y Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. Jiménez explicó que estas variaciones introducen medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por sí mismas decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes o ensayos clínicos.

Respecto al empleo, se aumenta hasta el 7% el cupo de reserva para las personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo (hasta ahora era un 5%). De esta reserva de plazas, un 2% será para personas con discapacidad intelectual y el otro 5% para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Además, la ministra señaló que se regula el derecho a recibir la información en formatos accesibles para las personas con discapacidad y se incluye la discapacidad como causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias.

Este anteproyecto también modifica distintos artículos de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIOUNDAU), destacando el ajuste de la definición legal de "persona con discapacidad" a la contenida en la Convención.

Igualmente, se endurece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para el supuesto de comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales.

Jiménez destacó que la Convención de la ONU supone un cambio en el concepto de discapacidad, "que pasa de ser considerada como una preocupación en materia de bienestar social a ser concebida como una cuestión de derechos humanos".

España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008.