El Gobierno está ultimando los últimos flecos de un Real Decreto con el que se indemnizará, con entre 30.000 y 100.000 euros, a cada persona que se certifique que ha sido víctima de la talidomida, fármaco que en la década de los sesenta fue utilizado para tratar las náuseas de las mujeres embarazadas y que provocó numerosas discapacidades en los recién nacidos.

 

Previo a la elaboración de esta norma, el Ministerio de Sanidad y Política Social encargó al Centro de Investigación de Anomalías Congénitas (CIAC) un estudio para comprobar qué personas se habían visto realmente afectadas por el uso que sus madres hicieron de este fármaco. Por el momento, se han reconocido a 24 afectados de los más de 3.000 que puede haber en España, según datos de la Asociación Española de Víctimas de la Talidomida (AVITE).

 

“Las indemnizaciones variarán en función del grado de discapacidad que presente cada afectado”, explicó el presidente de esta entidad, José Riquelme, para lo que se han establecido cuatro grados de discapacidad. El Gobierno tiene previsto para ello una partida total de 1,59 millones de euros, que quedaba detallada en los Presupuestos Generales del Estado para este año.

 

Con esta medida, el presidente de AVITE reconoció que “se compensa muchos años de invisibilidad y demuestran la culpabilidad del Estado” en este caso, aunque están estudiando medidas legales para que el laboratorio que comercializaba el fármaco, la multinacional alemana Grünenthal, también participe en estas indemnizaciones, ya que “tanto la farmacéutica como el Gobierno son culpables de que se autorizase el uso de este fármaco sin haberlo probado lo suficiente”.

 

Además, lamentan que el Ejecutivo “se ha quedado corto” a la hora de compensar a estos afectados, que también reclamaban pensiones vitalicias, el pago total de las prótesis que necesiten o la creación de una unidad de referencia para revisar los cuerpos de estas personas, cuyos órganos también resultaron “seriamente dañados” en muchos casos.