NEUMOLOGÍA

Convenio de colaboración entre SEPAR y CibeRes

JANO.es · 18 abril 2008

Tiene como principal objetivo producir conocimiento científico sobre patologías respiratorias a través de una actividad investigadora de excelencia

En 2006, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en España superó por vez primera la barrera de las 100.000 (fueron en concreto 101.592), un 10,83% más que el año anterior (9.928 abortos más), la mayor tasa de crecimiento desde 1997. Una de cada 100 mujeres de 15 a 44 años (el período considerado fértil) abortó en España en ese año y casi el 40% de las IVE se realizaron en menores de 25 años –y el 14% en menores de 19–. En un 31% de los casos, la mujer ya se había sometido al menos a un aborto con anterioridad. En 1.240 ocasiones se trataba de la quinta (o superior) interrupción.

Desde 1985 el aborto es delito en España excepto en 3 supuestos concretos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada (sin plazo), embarazo consecuencia de un delito de violación (hasta las 12 semanas) y presunción de graves taras físicas o psíquicas en el feto (hasta las 22 semanas). Desde entonces su número no ha parado de crecer, hasta llegar a duplicarse tan sólo en los últimos 10 años. De estos 3 supuestos, en 2006 se adujo el primero en 98.523 casos, en 13 el segundo (0,01%) y en 2.875 el tercero (2,83%).

Menores de 15 años

El número de mujeres que abortaron por cada 1.000 en edad fértil fue de 10,69 (9,60 en 2005), resultando especialmente significativo en los segmentos entre los 20 y los 24 años de edad (18,57 y más de 25.000 interrupciones) y, si bien de manera menos acusada, entre los 14 y los 19 (12,53 y cerca de 14.000 abortos). En el caso de las menores de 15 años, la cifra de interrupciones –496– también fue la más elevada de las registradas hasta la fecha. En este contexto, cabe resaltar el incremento de mujeres que repetían la práctica, hasta 1.679 (un 12% del total) en el grupo de menores de 20 años, cifra que contrasta notablemente con las cerca de 500 que se sometían a un segundo, tercer o cuarto aborto en 1994. De todas las mujeres que interrumpieron en 2006 su embarazo, 67.318 eran solteras (66,2%), 24.973 casadas (24,58%), 5.080 separadas (5%), 2.915 divorciadas (2,87%) y 563, viudas.

¿Peligro para la madre?

El hecho de que el 96,68% de las IVE se produzcan al amparo del supuesto de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, y sobre todo al peligro para su salud psíquica, ha provocado que nuestro país, que en teoría y al no recoger la indicación del plazo, cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de los países de nuestro entorno, se haya convertido paradójicamente en un destino para las mujeres extranjeras que desean abortar acogiéndose al supuesto de la salud psíquica, que no cuenta con plazo alguno.

Todo ello ha llevado a numerosos grupos feministas y de izquierda a reclamar un cambio en la actual legislación que sustituya los motivos por los plazos (usualmente 12-14 semanas), como existe en países como Alemania, Francia, Bélgica u Holanda, lo que también daría una mayor seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los profesionales que practican abortos (desde 1998 a 2006, 30 personas han sido condenadas en España por delito de aborto). De hecho, el 88% de todas las IVE realizadas en España en 2006 se realizaron antes de las 12 semanas de gestación. El Gobierno ha descartado esta modificación, pese a que aparecía en el programa con el que ganó las elecciones en 2004.

En este sentido, la Sociedad Española de Contracepción (SEC) denunció en un comunicado “el divorcio existente entre la realidad española sobre el aborto y una ley cuya antigüedad supera ya los 20 años”. Para la SEC, “la inadecuación de la actual ley a la realidad, e incluso a situaciones de países de nuestro entorno, ha hecho que nos moviéramos en un terreno de hipocresía donde nunca se ha llamado a las cosas por su nombre y se ha mantenido en la recámara como oculto y, a veces, hasta casi vergonzante”.

Por esta y otras razones, considera que “es de primera necesidad la existencia de una adecuada ley de interrupción de embarazo para cuando fallan las medidas anticonceptivas en su primera y segunda oportunidad”. Por su parte, los grupos anti-abortistas consideran que la situación actual revela que se está cometiendo un fraude y temen que si se incluyera el criterio del plazo –que las mujeres pudieran interrumpir el embarazo sin aducir ningún motivo antes de una fecha concreta– el número de abortos crecería aún más.

Los datos del Ministerio de Sanidad para 2006 no recogen todavía la nacionalidad de las mujeres que se sometieron a una IVE –se espera que los datos de 2008 sí incluyan esta información–, aunque diversos estudios sugieren que alrededor del 40-50% son extranjeras, la gran mayoría inmigrantes.