Un 16,8% de los pensionistas ha renunciado a alguno de los medicamentos prescritos por su médico desde que entró en vigor el copago farmacéutico el pasado mes de junio. Así se desprende de un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) a partir de casi un millar de encuestas, y que también muestra que hasta un 58,29% de quienes consumían alguno de los más de 400 medicamentos que el Ministerio de Sanidad desfinanció en septiembre ya no los consumen.

El hecho de que los pensionistas hayan pasado de no pagar nada a pagar una media de 11,18 euros mensuales, ha llevado a que hasta un 16,87% de los usuarios de este colectivo haya dejado de utilizar alguno de los medicamentos prescritos, algo "más habitual en las personas con menos recursos", según ha explicado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP. De hecho, entre los pensionistas con rentas inferiores a 400 euros, uno de cada cuatro (27,29%) renuncia a sus medicinas para no tener que pagarlas.

El estudio también revela que hasta el 60% de los pensionistas consumía uno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública. De ese porcentaje, sólo un 41,6% los siguen utilizando, lo que les cuesta una media de 7,06 euros al mes. Asimismo, y tal como el sondeo pone de manifiesto, un pequeño porcentaje de los pacientes que han dejado de tomar medicamentos "considerados de mayor utilidad terapéutica" que sí consumen medicamentos desfinanciados para síntomas menores.

Sánchez Bayle ha señalado que estos datos eran "esperables" y ha criticado que el Ministerio de Sanidad hable de una reducción del gasto farmacéutico. "No se ha reducido realmente el gasto, sino que éste se ha trasladado a los bolsillos de los pensionistas", ha censurado.

Además, el portavoz de la FADSP ha mostrado su temor a que el porcentaje de pacientes que renuncian a sus medicinas aumente en los próximos meses, a medida que se vayan implantando otros copagos, como los del transporte sanitario no urgente, las prótesis o los productos dietoterápicos, que "harán que muchos ciudadanos tengan que elegir pagar una cosa u otra".

"Esto tendrá efectos en su salud a largo plazo, ya que la suspensión de los tratamientos prescritos producirá un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad", ha concluido.