El Comité de Bioética de España (CBE) espera que la futura normativa de Ciencia, Tecnología e Innovación, que irá al Consejo de Ministros en 'segunda vuelta' este mes, cree un órgano de arbitraje para gestionar los problemas de integridad científica en España, al servicio de la comunidad y de los organismos e instituciones científicas.

Así lo ha explicó ayer Jordi Camí Morell, portavoz del CBE, a la vez que señaló que el Ministerio de Ciencia e Innovación podría fomentar esta medida aprovechando la publicación de la futura normativa del ramo y, de igual forma, acoger el documento de recomendaciones que acaba de redactar y aprobar el CBE -en el que se enmarca esta propuesta de órgano de arbitraje-, para promover el establecimiento de Códigos de Buenas Prácticas Científicas (CBPC) en todos los estamentos y ámbitos implicados en la investigación.

El CBE considera que entre las funciones de este órgano deberían incluirse el arbitraje de conflictos o la promoción y defensa de las prácticas científicas adecuadas. Por ejemplo, detalla que entre los problemas "más graves" de la integridad científica destacan la falsificación, la elaboración ficticia o el plagio.

Los CBPC recogen un conjunto de reglas, recomendaciones y compromisos para ser observados por el personal científico, los centros de investigación, los organismos adjudicatarios de ayudas de investigación e incluso sociedades científicas, con objeto de favorecer la calidad de la investigación y prevenir problemas de integridad.   

España es de los pocos países europeos que aún carece de una reglamentación específica para prevenir los problemas de integridad científica, según apunta el CBE, al tiempo que señala que no existe tradición en la implantación generalizada de buenas prácticas científicas, sin que las administraciones hayan propiciado su adopción hasta el momento.

De esta forma, el CBE ha reiterado que no basta con aceptar que existen problemas en la Ciencia sino que deben desarrollarse medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de responsabilidad "acorde con los mejores valores". 

Concretamente, considera que no basta con reconocer que algunos investigadores pueden no actuar con la suficiente integridad que su trabajo requiere, sino que es necesario instrumentar códigos que propicien el comportamiento más responsable posible en el ejercicio de la investigación científica.

Por otro lado, el documento insiste en el respeto por la vida, la ley y el interés público, de forma que las propuestas de trabajos impliquen a personas, animales y al propio medio ambiente, se analicen y justifiquen adecuadamente.