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POLÍTICA SANITARIA

El Congreso cambiará la Ley de Sanidad

JANO.es y agencias · 25 mayo 2011

El objetivo es universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en territorio nacional, y parte de una proposición de ley de Izquierda Unida.

Todos los grupos del Congreso han acordado admitir a trámite una proposición de ley de Izquierda Unida para modificar la Ley General de Sanidad, que acaba de cumplir 25 años, con el fin de universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en territorio nacional.
 
El encargado de defender la proposición de ley de IU fue el propio presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, quien quiso llamar la atención sobre la “extendida idea” de que el Sistema Nacional de Salud “es universal y que cubre a toda la población española, sin que ello sea más que una verdad a medias”.
 
Explicó que sigue habiendo ciudadanos que tienen cubierta la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (ASSS), a pesar de que esta es financiada en su totalidad por impuestos desde hace varios años.
 
De igual forma, dijo que tampoco esta asistencia sanitaria es igual para todos. A su juicio, existen coberturas especiales para ciertos grupos sociales, tales como funcionarios, empresas colaboradoras o determinados convenios especiales.
 
En este sentido, detalló que unas 200.000 personas no tienen derecho a cobertura sanitaria u otro seguro público, lo que conlleva un coste estimado en torno a los 150 millones de euros. “Por todo ello, es necesario, y no se debiera demorar por más tiempo, proclamar el derecho a la cobertura sanitaria pública como toda la población por igual, con igual título e igual contenido en todo el territorio”, declaró Llamazares.
 
En concreto, en la proposición de ley IU demanda que se especifique que, mientras no se produzca su integración en la Seguridad Social, no será gratuita la asistencia sanitaria pública para quienes hayan optado por sistemas mutuales alternativos que cubran esta asistencia, ni para quienes, estando incluidos en alguna mutualidad, no hayan optado por recibir las prestaciones sanitarias a través de la red pública.
 
Se propone también que las normas de utilización de los servicios sanitarios sean iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos, además de que, entre otros aspectos, se analice el coste anual de la asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico, si se están produciendo situaciones de doble cobertura de la asistencia sanitaria, o se valore, por ejemplo, la calidad de las prestaciones sanitarias.
 
El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Mario Mingo, felicitó a Llamazares por haber presentado la proposición de ley ante “la incapacidad del Gobierno” por hacer que todos los ciudadanos tengan derecho a la salud.
 
“El Gobierno ha tenido tres años para llevar a cabo algo en lo que todos estamos de acuerdo”, dijo, si bien destacó, de igual forma que el resto de grupos parlamentarios, que hay puntos de la iniciativa en los que no están de acuerdo e intentarán modificar en el trámite parlamentario, como que a aquellos ciudadanos que tengan un doble aseguramiento se les quite el derecho a la asistencia sanitaria en la salud pública, como propone IU.
 
Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Grande, consideró que no es oportuno traer a colación esta proposición de ley. No obstante, quiso valorar que en algunas comunidades autónomas se ha ampliado, a costa de sus propios presupuestos, la cobertura sanitaria. “La solución pasa por la universalización que está amparada en las leyes”, añadió.
 
Desde Coalición Canaria, José Luis Perestelo apoyó la toma en consideración de esta propuesta porque considera que todavía hay colectivos que no tienen acceso al sistema sanitario, de igual forma que el portavoz del PNV en la materia, Joseba Agirretxea, quien mostró su disconformidad con algunos puntos de la propuesta.
 
Desde CiU, la diputada Conxita Tarruella argumentó que esta iniciativa se basa en la necesidad de hacer efectiva la Ley General de Sanidad, cuando en Cataluña, según apuntó, se hizo efectivo el derecho para todas las personas empadronadas. “Valoramos como positiva esta iniciativa porque equipararía la situación de Cataluña con el resto del Estado español”, concluyó.

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