El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos promovidos por el Gobierno contra el decreto de la Junta de Andalucía que recoge la subasta de fármacos y el decreto del Gobierno vasco aprobado para evitar la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad. Con esta decisión queda suspendida la vigencia y aplicación de los Decretos desde el día 20 de julio de 2012, según informan las dos providencias de admisión.

En el caso del decreto andaluz, la Junta tendrá un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Del mismo modo, una vez trasladada la demanda al Gobierno Vasco, se dará un plazo de veinte días para las pertinentes alegaciones.

Por su parte, el Pleno insta, en el plazo de diez días, al abogado del Estado a aportar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Estos recursos fueron acordados por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio.

El recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz se basaba en la consideración de que los preceptos que se cuestionan en ese decreto, del 13 de diciembre de 2011, suponían la vulneración de competencias estatales en materia de legislación farmacéutica, al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello.

En el caso vasco, el objetivo del Gobierno central es garantizar la aplicación de la legislación estatal en esa comunidad autónoma.

El Gobierno vasco presentó el pasado 26 de junio un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en el País Vasco", asegurando que estaban "amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera".

En el caso de Andalucía esta decisión supone volver a suspender la subasta, que este lunes volvía a estar vigente, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la decisión, el pasado jueves, del Pleno del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar de cinco meses que pesaba desde abril sobre la resolución del Servicio Andaluz de Sanidad (SAS), que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos en Andalucía.

Ahora, el pleno admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y que contiene dicha subasta.