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JANO.es y agencias · 07 mayo 2008

En los últimos cuatro años, los casos han aumentado un 71,6%, según un estudio realizado por médicos del Hospital Carlos III de Madrid

La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno central la creación de 705 nuevas plazas universitarias de Medicina (en la actualidad se ofertan 742) y la eliminación del numerus clausus. Para ello, ha firmado convenios de colaboración con 3 universidades privadas (Alfonso X, Francisco de Vitoria y Universidad Europea de Madrid) y 1 pública (Universidad Rey Juan Carlos) para aumentar la oferta docente. Además, el ejecutivo regional ha acreditado 16 hospitales y 12 centros de salud en los que completarán su formación práctica los futuros médicos.

El ejecutivo justificó la medida por el crecimiento demográfico de la Comunidad, que en menos de 10 años ha ganado más de 1 millón de habitantes, así como por el hecho de que, según sus cifras, entre 2008 y 2018 se jubilarán en la región más de 2.100 facultativos.

Las 3 facultades públicas ya existentes en la región (Autónoma, Complutense y de Alcalá) han solicitado 30 nuevas plazas para el próximo curso, mientras que el CEU San Pablo ha demandado 35 más. Además de la creación de nuevas plazas, la Comunidad propondrá la eliminación del numerus clausus. De acuerdo con los datos de la Consejería de Educación, el pasado curso la nota de corte más baja de las facultades madrileñas fue de un 8,2.

Rechazo de la Autónoma

La medida fue duramente contestada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que ha pedido al Gobierno regional que sus decisiones estén avaladas por un estudio riguroso y que reflexione antes de cualquier tipo de concesión a la universidad privada. Además, considera que “asociar centros sanitarios públicos a universidades privadas disminuye la oferta de medios destinados a los alumnos de las universidades públicas que, hoy en día, son las que garantizan no sólo la igualdad de oportunidades sino la formación de médicos con criterios de excelencia”.

Desde la UAM se recuerda que “a día de hoy no existen datos objetivos que justifiquen una duplicación en el número de facultades”. Por otra parte, afirma que el déficit en el número de determinadas especialidades “no se soluciona aumentando el número de admitidos en las facultades, sino que exige un abordaje responsable del problema desde todos los frentes”.

Además, considera que “destinar recursos públicos a alumnos de universidades privadas supone que recursos humanos y materiales que podrían dirigirse a estudiantes que han accedido a la Universidad por sus méritos académicos se desvíen a alumnos que lo han hecho según otros criterios”

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