Representantes de la industria farmacéutica de Alemania, Suiza, Francia y España han enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que hacen hincapié en la necesidad de poner en marcha medidas concretas para solucionar uno de los problemas que, a juicio de los firmantes, “más está deteriorando el posicionamiento de nuestro país en los mercados internacionales y amenazando el futuro de las operaciones comerciales en España: el de la deuda sanitaria”.

En dicha misiva, que suscriben la Cámara de Comercio Alemana en España, la Asociación Económica Hispano-Suiza, la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona y las patronales de productos sanitarios (Fenin) y de medicamentos (Farmaindustria), los industriales advierten de la gravedad de la situación tanto para las empresas nacionales del ámbito sanitario como para las compañías internacionales que operan en España, teniendo en cuenta el tamaño e importancia de este mercado en relación con otros países de nuestro entorno.

En concreto, denuncian que la deuda actual con la industria farmacéutica y con la de productos de tecnología sanitaria asciende a más de 12.000 millones de euros, con una demora media en el pago de más de 500 días, lo que, para los remitentes del documento, coloca a España en una situación “insostenible, que ha provocado ya el cierre de muchas empresas y una reducción continua del número de empleos directos e indirectos, con riesgo real de que se produzcan problemas de suministro de algunos productos”.

En este sentido, los organismos firmantes señalan que, aunque el anuncio de la concesión de créditos extraordinarios para las CCAA constituye un mensaje positivo, no es suficiente, y advierten de que si no se actúa sobre el problema de la deuda sanitaria se deteriorará aún más la credibilidad y la imagen de España como país fiable para inversores y compañías, lo que llevará a muchas empresas nacionales a la quiebra.

Engtre las medidas que los industriales promueven en su escrito, figuran la identificación de un interlocutor único en el Ejecutivo y el diseño de un mecanismo, respaldado por el Gobierno central, que establezca un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero llegue a las empresas del sector. 

Asimismo, proponen establecer un marco que asegure la aprobación de presupuestos “realistas” que eviten la infrafinanciación (en 2010 y 2011, los presupuestos autonómicos descendieron respectivamente un 8% y un 10% de media frente al gasto real del año anterior), una gestión eficiente y racional de los presupuestos y una despolitización de la Sanidad, en la que la toma de decisiones se base en motivos asistenciales y no electorales, y cambios regulatorios que doten a las empresas de protección jurídica en su actividad con las administraciones.