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Los 25 expertos que preparan el borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia que prepara el Gobierno subrayan la necesidad de que los hospitales sean reconocidos como agentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. "Se trata de agentes a los que es necesario dotar de los instrumentos necesarios y adecuados para realizar la actividad investigadora en similares condiciones que el resto de los agentes, o al menos, que el resto de los agentes públicos", señalan.

 

Desde esta perspectiva, consideran importante facilitar que los hospitales, instituciones del Sistema Nacional de Salud, por sí directamente o a través de entes promovidos por ellos, tengan capacidad para intervenir en el sistema, presentando proyectos de investigación a las convocatorias, recibiendo los recursos finalistas correspondientes a los proyectos aprobados y suscribiendo negocios jurídicos con personas e instituciones publicas o privadas.

 

La nueva Ley permitirá, asimismo, a los investigadores trabajar a tiempo parcial en el sistema público para poder integrarse en el sector privado, según recoge el primer documento sobre la norma, elaborado por el Grupo de Expertos designado por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

 

De este modo, se pretende promover la contratación a tiempo parcial, con reducción proporcional y de las retribuciones, eliminando la "dedicación" en la evaluación de méritos (que debe hacerse solamente por méritos y resultados, con independencia de las situaciones administrativas). "El objetivo es favorecer la colaboración público-privada, facilitando la movilidad de los científicos y tecnólogos en ambos sistemas", dijo el secretario General de Política Científica y Tecnológica, Fernando Labastida.

 

Por este motivo, también se plantea la reducción de incompatibilidades para la implicación de empleados públicos en actividades empresariales, eliminando el máximo del 10% de participación en el capital de sociedades en situaciones determinadas.

 

El texto desarrolla en cinco bloques los principios fundamentales de la legislación: modelo, instrumentos, coordinación, planificación e internacionalización; I+D en el sector público; I+D en las empresas; transferencia de conocimiento y colaboración público-privada; y ética, asesoramiento experto, publicación en acceso abierto, cultura científica y cooperación al desarrollo.

 

A juicio de Labastida, el "hecho diferencial" entre la futura normativa, que previsiblemente entrará en vigor en 2010, y la de 1986, es la apuesta por la mejora de la investigación y la tecnología empresarial, así como el fortalecimiento de su relación con el sistema público. Igualmente, destacó la necesidad de reflejar la colaboración entre administración central y autonómica y la integración con la UE. "La norma tiene que establecer mecanismos que faciliten la colaboración con otros países europeos", aseguró.

 

Para promover la I+D+i en el sector privado, se prevé facilitar el acceso de las empresas a la financiación pública y atraer recursos a través de incentivos fiscales, legislaciones "estimulantes" al capital-riesgo y creación de nuevas figuras societarias. Junto a ello, se regulará la inmigración para promover la incorporación de investigadores y se agilizará el reconocimiento profesional.

 

También se simplificarán procedimientos, se revisará la regulación de creación de empresas tecnológicamente intensivas y se facilitará el acceso a la investigación pública, promoviendo igualmente la internacionalización. En materia de transferencia de conocimiento, la nueva Ley debe definir la finalidad de la regulación sobre protección, gestión, transferencia y reconocimiento de la protección y transferencia de los resultados de las actividades de I+D.

En cuanto a la estructura organizativa, entre los órganos que la Ley debe alumbrar, destaca uno al más alto nivel, ligado a una de las dos vicepresidencias del Gobierno, de coordinación de toda la política de I+D+i; un Consejo Territorial o Conferencia Sectorial (Administración Central y comunidades autónomas) y un Comité Nacional de Ética en I+D. El documento apuesta, además, por la redacción de una Estrategia Nacional de I+D+i con un horizonte amplio, concretada en planes anuales.

 

La futura Ley de Ciencia también deberá fomentar las actividades de cooperación científica y tecnológica al desarrollo, así como reconocer y valorar estas actividades.

 

"El tratamiento de la cooperación científica y tecnológica en la Ley supondrá un cambio cualitativo respecto a la situación actual, con el consiguiente reconocimiento de la contribución al desarrollo de los países más desfavorecidos como una función más dentro del esfuerzo español en I+D", añaden

 

Este primer texto de líneas generales será sometido a la consideración de la comunidad científica los próximos 9 y 10 de octubre en el marco de unas jornadas organizadas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).