El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona (COFT), Andreu Suriol, ha tildado de “inasumibles” las medidas aprobadas por el Gobierno con vistas a recortar 2.400 millones de euros de la factura farmacéutica. Según Suriol, el decreto antidéficit obligará al colectivo "a racionalizar al máximo posible la gestión de la empresa, ya sea recortando el personal o redimensionando las urgencias nocturnas”.

La provincia de Tarragona cuenta con 326 oficinas de farmacia, de las que 25, puntualiza Suriol, no alcanzan la facturación mínima para ser consideradas rentables. "Estas 25 farmacias podríamos decir que harían mejor negocio si cerraran", afirma el máximo responsable del COFT.

En diez años, las farmacias han pasado de suponer el 6,76% del presupuesto total del CatSalut a representar el 3,09%. Entre los 16 recortes que se han aprobado, figuran el Real Decreto de abril de 2010, por el que se redujo el precio de los medicamentos genéricos en un 30%; el RD de junio de 2010, por el que se abarató el precio del resto de los medicamentos en un 7,5%, y el RD de agosto de 2011, que obliga a los médicos a prescribir por principio activo y a los farmacéuticos a dispensar el medicamento de precio menor.

Los farmacéuticos de Tarragona temen que de aquí a finales de año se pueda dar un incumplimiento, por parte de la Administración en el pago de la factura farmacéutica, como ya está sucediendo en Castilla-La Mancha o en las Islas Baleares.

A este respecto, Suriol manifiesta que "en Cataluña, desde hace más de un año nos están pagando el 30% el día que toca y el 70% al cabo de 25 días. Esto supone que cada mes se vayan 300.000 euros en intereses para financiar este 70% restante de la factura".

A partir de septiembre, el COFT tiene previsto mantener reuniones con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña para tomar las medidas que se estimen oportunas.

"Estamos pasando por momentos difíciles, pero de momento lo vamos soportando y llevando adelante. Continuaremos dando el servicio que damos, seremos accesibles, los usuarios pueden pedir consejo y se da gratuitamente y de manera profesional, pero claro si el Gobierno deja de pagar... lo pasaremos muy mal", concluye el presidente del COFT.