El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha avanzado hoy que el Gobierno prevé poner en marcha a mediados de febrero una medida que contempla la reducción de jornada de al menos un 50% o la suspensión de contrato de trabajo a tiempo completo o parcial para los padres de niños con enfermedades graves.

En rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo, Granado ha explicado que esta propuesta -incluida en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011- se desarrollará mediante un decreto de desarrollo reglamentario que será publicado en el BOE aproximadamente dentro de dos meses. No obstante, la medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, fecha de aprobación de los PGE.

Esta normativa, que recoge una petición de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, contempla una duración máxima de hasta 24 meses y una retribución económica, cuya cuantía sería del 100% de una base reguladora "de forma similar" a la protección por maternidad. Asimismo, estaría destinada únicamente para casos en los que ambos progenitores trabajen, además de contar con un período de cotización previa "suficiente".

Según ha detallado Granado, el objetivo del ministerio era el de introducir el desarrollo en el Senado, pero el veto de varios partidos a los PGE no posibilitó el debate. Este retraso ha impedido, entre otras medidas, el 'blindaje' de los padres que se acojan a la iniciativa, para que no puedan ser despedidos. No obstante, el secretario de Estado ha adelantado que "no estará en contra de garantías suplementarias" en el futuro.

Asimismo, el estudio de la Fundación Mujer, Empleo y Trabajo en el que se basa la iniciativa, incluye posibles bonificaciones a las empresas que celebren contratos de interinidad para sustituir a estos trabajadores, hasta bonificaciones del 100% en algunos casos en las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

Las estimaciones de diversas fuentes sanitarias sitúan en aproximadamente 3.000 familias al año que se ven afectadas por enfermedades graves en los niños. De esta cifra, casi la mitad son familias de niños con cáncer, según ha señalado una de las impulsoras de la propuesta, la oncóloga pediatra del Hospital Universitario Madrid Montepríncipe Blanca López-Ibor.

Por otro lado, debido a la dificultad para clasificar este tipo de enfermedades, Granado ha resaltado la intención del Gobierno de establecer un "catálogo definido" de enfermedades graves, aunque "sin perjuicio" de una revisión posterior "de forma flexible".

La duración de la prestación se establecerá con un base en el informe médico del especialista, si bien la Fundación Mujer, Familia y Trabajo ha avanzado la preparación de un cuadro con "tiempos orientativos" para las distintas enfermedades. Respecto a este plazo máximo establecido, López-Ibor ha incidido, por ejemplo, en que los tratamientos para niños con cáncer están "muy estandarizados" y permiten saber cuánto tiempo durará la cura.