Los ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE) aprobarán con toda probabilidad este martes un acuerdo político sobre una nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. La presidencia española ha presentado una propuesta de compromiso más restrictiva para limitar el turismo sanitario y cuenta con un apoyo mayoritario entre los veintisiete, informaron fuentes diplomáticas.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, logró el pasado diciembre bloquear el anterior borrador de esta directiva alegando que no garantizaba una atención de buena calidad y supondría un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales. Apoyaron a España, Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia.

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.

La presidencia española ha introducido nuevas limitaciones para los pacientes que quieren ir a tratarse a otro Estado miembro. El borrador anterior de la directiva obligaba a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a un hospital privado de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertado. El acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.

El otro gran problema para España de la directiva era quién paga los tratamientos en el extranjero de los jubilados de otros Estados miembros que residen en nuestro país. Inicialmente, se preveía que fuera el país de residencia y no el de afiliación (es decir, aquel en el que han cotizado) el que corriera con los gastos. Es decir, que si un alemán residente en Mallorca fuera a tratarse a Berlín, la sanidad española debería reembolsarle los costes.

El compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague. En el caso del alemán residente en Mallorca que va a Berlín, sería la sanidad alemana la que se haría cargo de los gastos. En el resto de casos, será el país de residencia el que pague. Es decir, si el mismo jubilado va a tratarse a Francia, sería España la que pague.

Con estas limitaciones adicionales, la delegación española está dispuesta a dar su sí a la directiva, lo que garantiza su aprobación este martes, pendiente del visto bueno de la Eurocámara.