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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha avanzado hoy que el departamento que dirige reducirá entre 2 y 4 los días de incapacidad temporal al año a los trabajadores públicos, que ahora se sitúa en un promedio anual de 21 jornadas.

 

El consejero de Sanidad ha explicado que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2010 son austeros y que la masa salarial de los trabajadores públicos crece “cero”. Así, y según sus palabras, “no podemos permitirnos el alto grado de absentismo laboral que se produce en todas las instituciones sanitarias. Hay una media de 21 días por trabajador y año en situación de incapacidad temporal, lo que supone un coste que, para la Comunidad de Madrid y sólo para este año, se eleva a 200 millones de euros”.

 

De la misma manera, ha aclarado “que el plan de inspección de sanidad se va a dedicar fundamentalmente a reducir entre 2 y 4 días el promedio de incapacidad temporal no sólo en la Administración sanitaria, sino en las administraciones docentes y en la Consejería de Asuntos Sociales”.

 

 

 

En relación con la ley de libre elección de médico que suprime las 11 áreas sanitarias de la región creando una única área, Güemes ha señalado que “Madrid se configura como un área de salud única, y los acuerdos de derechos sindicales y, en gran medida, las horas de liberación sindical y los representantes sindicales, están vinculados al número de áreas”.

 

“No es un objetivo de la ley modificar la situación en lo que refiere a derechos sindicales, y estamos abiertos a alcanzar acuerdos que permitan reducir significativamente las horas de liberación sindical, que en Madrid sólo en la sanidad pública son de 1,4 millones, lo que equivale a 918 empleados públicos a tiempo completo y cuestan a los madrileños 30 millones de euros al año”.

 

Y en la misma línea, “se hace necesario no sólo contener, sino reducir, el gasto en farmacia”. Tal es así que el gobierno regional centralizará todas aquellas adquisiciones que sea posible, así como intentará que el criterio que apliquen los médicos a la hora de prescribir un fármaco sea el de adquirir el más barato de los medicamentos que “sirven para lo mismo”.

 

En este sentido, Güemes ha apuntado que el Gobierno de la Nación tiene “una gran responsabilidad” en la materia, abogando por pagar desde la administración el precio más barato por un medicamento, lo que “sólo en la Comunidad de Madrid supondría un ahorro de 250 millones de euros. Es exigible al Ministerio de Sanidad y Política Social que las decisiones que tome sobre medicamentos por parte de sistema público estén siempre fundamentadas en rigurosos análisis de necesidad, coste y efectividad”.