La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha cuestionado la idoneidad de acometer un ahorro en Cataluña próximo a los 1.000 millones de euros en el presupuesto sanitario, después de haber eliminado el Impuesto de Sucesiones en esta comunidad

 

Pajín declaró que si fuera ella la encargada de decidir entre eliminar el Impuesto de Sucesiones o garantizar la prestación sanitaria, lo tendría “muy claro”. La ministra, que ha reconocido que todos los gobiernos europeos atraviesan un momento difícil, subrayó que no todos “han recortado lo mismo”, por lo que se mostró convencida de que es posible ahorrar y ganar en eficiencia sin aplicar recortes en el estado de bienestar.

 

Esa es, a su entender, la política que ha seguido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha emprendido las reformas laborales y de pensiones para garantizar el futuro del sistema.

 

La respuesta del consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz,  no se hizo esperar. Instó a la ministra a luchar por los 1.400 millones de euros que, según dijo, el Estado debe a Cataluña, “si de verdad le preocupa la sanidad”.

 

En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, Ruiz reprochó a Pajín que la principal preocupación del gobierno catalán pasa por recibir la suma de dinero relativa al fondo de competitividad previsto por el acuerdo de financiación.

 

Por otro lado, Ruiz exigió a la ministra que convoque una reunión del Consejo Interterritorial del SNS para evitar que el Gobierno vuelva a imponer medidas “que después acaba pagando la Generalitat”.

 

En cuanto a las declaraciones efectuadas por el Dr. Miquel Vilardell, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y del Consejo Asesor del Gobierno catalán en materia de salud, el consejero Boi Ruiz consideró que se trata de “una opinión respetable, como es la de todo el mundo”, pero precisó que sigue adelante con su plan de choque.

 

Ruiz admitió que el Dr. Vilardell es una “persona de prestigio”, con la que la Generalitat mantiene contacto permanente y periódico, pero la Consejería de Salud no se plantea cambiar su posicionamiento y, por ende, detener el recorte del gasto en cerca de 1.000 millones de euros -cuya concreción se hará pública antes del 22 de abril-.

 

“No hay ninguna disfunción ni novedad en nuestro posicionamiento; el posicionamiento de Vilardell será un elemento más que tendremos en consideración, hablaremos y escucharemos”, afirmó el consejero.

 

Por otro lado, una treintena de gerentes hospitalarios expusieron al Dr.  Vilardell su “imposibilidad” de acometer los recortes dictados por la Consejería de Salud y trasladaron a Boi Ruiz la responsabilidad de tomar medidas estructurales.

 

El encuentro fue convocado con urgencia por el Dr. Vilardell, cuando también decidió lanzar su dura reclamación al consejero para que detenga y rediseñe su plan de choque.

 

Los gestores aseguraron que con medidas domésticas y drásticas, como las que han salido a la luz en relación con la bajada de actividad, cierre de quirófanos y camas, pueden alcanzar una reducción de entre el 30 y el 50% de su presupuesto. Sin embargo, para alcanzar el porcentaje restante necesitan otro tipo de medidas como eliminar ciertos servicios, algo que se niegan a decidir, alegando que este tipo de responsabilidades las debe asumir la Consejería de Salud.