Medicina y humanidadesUROLOGÍA
Prueba genética para la detección del cáncer de vejiga
JANO.es y agencias · 13 diciembre 2007
Investigadores de la Fundación Puigvert de Barcelona han identificado 14 marcadores de este tumor que pueden identificarse en muestras de orina, sin utilizar métodos invasivos más dolorosos para el paciente
Nadie duda de la necesidad de que nuestro sistema sanitario disponga de guías de práctica clínica (GPC) de calidad así como de instrumentos para estandarizar su evaluación antes de ser recomendadas. Estas guías deben ser elaboradas con transparencia y objetividad, sin presiones de los grupos de poder —ya sean públicos o privados—, e incorporando todas las evidencias disponibles, tanto sobre los medicamentos como sobre las alternativas no farmacológicas.
Un elemento clave para garantizar su credibilidad es la transparencia de sus fuentes de financiación y la ausencia de situaciones conflictivas con los principios éticos. Ahora, un trabajo publicado en Medicina Clínica (2006; 127: 634-635), cabecera de nuestro mismo grupo editorial, profundiza en el análisis de la independencia de las GPC españolas y concluye que “la información aportada sobre su financiación e independencia editorial es bastante escasa”. El estudio —realizado por investigadores de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía y del Hospital Universitario Valme de Sevilla— se aplicó a las 28 guías incluidas —en aquellas fechas— en el catálogo del proyecto GuíaSalud (ver recuadro).
| Criterios estrictos de inclusión
El proyecto GuíaSalud es una iniciativa aprobada por el Consejo Interterritorial y financiada por el Ministerio de Sanidad que ha sido desarrollada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Sus objetivos son desarrollar y poner a disposición del SNS instrumentos de información, registro, selección, adaptación, implantación y actualización de GPC. El grupo de trabajo que está desarrollando este proyecto ha revisado hasta el momento 360 GPC, de las que tan sólo 37 cumplen los criterios exigidos y han sido incluidas en su catálogo. Otras 3 están en proceso de estudio y 319 han sido rechazadas por no reunir los requisitos exigidos. |
Calidad y transparencia
En todas las GPC revisadas fue posible determinar la fuente de financiación: 11 contaron con financiación exclusiva de organismos públicos y 17 con participación de la industria farmacéutica. En 8 de estas últimas, la financiación privada resultaba predominante, 4 estuvieron financiadas por organismos públicos con colaboración de la industria y 5 por sociedades científicas con participación de la industria.
El tipo de contribución de las entidades financiadoras en las etapas de elaboración o difusión se reflejaba en 16 guías, aunque en muchas ocasiones de forma muy escueta; mientras que en 11 casos se recogía de forma explícita la independencia editorial. En 16 GPC —57,1%— constaba una declaración específica de la posible existencia de conflicto de intereses por los autores y, de éstas, en 10 los autores declaraban que no existía tal conflicto.
Todas las GPC financiadas por la industria presentaban alguna forma de declaración, mientras que el resto lo hacía en menor medida. Finalmente, un tercio había contado con financiación de entidades que tenían intereses económicos en el tema y que podrían influir en la orientación de las recomendaciones. Según afirman los autores, “de este análisis se desprende que la información aportada sobre la financiación y la independencia editorial en estas GPC es bastante escasa y que sólo en el 57,1% de los documentos se hacía mención expresa a los posibles conflictos de interés”.
Independencia editorial
Los resultados de este trabajo son similares a los obtenidos en un estudio internacional (Nature. 2005;437:1070-1), en el que aproximadamente la mitad —49%— de más de 200 GPC no incluía ningún detalle sobre los conflictos de interés de los autores y sólo en un tercio de éstas los autores estaban libres de la influencia de la industria.
En cuanto al análisis español, “constata que los equipos de elaboración de las guías afrontan situaciones difíciles para conjugar la viabilidad de los proyectos con el respeto a los principios éticos y a la credibilidad científica, manteniendo a la vez la relevancia e integración de los enfoques en un problema clínico”.
Además, estos equipos deben saber valorar el llamado sesgo de financiación de la investigación clínica a la hora de sintetizar las evidencias y elaborar las recomendaciones. “Podemos concluir —señalan los investigadores— que esta situación aconseja impulsar un debate en profundidad sobre el sistema de financiación de las GPC y sobre cómo facilitar que la contribución de todos los actores implicados se haga en las condiciones adecuadas de transparencia, a ser posible mediante códigos o formularios consensuados”.
