El Tribunal Supremo ha ratificado que Cataluña no podrá regular la práctica de terapias naturales, como intentó la Generalitat en 2007 mediante un decreto, que fue anulado dos años después en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

 

En la sentencia, el alto tribunal desestima el recurso de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias Naturales de Cataluña (Tenacat) y ratifica la sentencia del tribunal catalán, al considerar ilegal el reconocimiento del ejercicio de actividades sanitarias a profesionales no sanitarios en establecimientos sanitarios.

 

TENACAT rechaza que se considere actividad materialmente sanitaria la regulación de las terapias naturales. El decreto, que pretendía regular el ejercicio de la osteopatía, quiromasaje, terapia manual, naturopatía, kinesiología, acupuntura y reflexología podal, fue recurrido por el Ministerio de Sanidad, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), la Asociación Española de Fisioterapeutas y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cataluña, entre otras.

 

El TSJC alegaba en su sentencia de 2009 que la legislación básica estatal prevé que “las actividades sanitarias sólo puedan ser ejercitadas por los profesionales sanitarios y en los establecimientos sanitarios reconocidos”.

 

A la luz de este fallo, la normativa autonómica no puede encomendar actuaciones sanitarias a profesionales no sanitarios, argumentos que ratifica el Tribunal Supremo en su sentencia.

 

La regulación pretendía regular las más de 60 escuelas que imparten cursos de formación, a los 3.500 establecimientos que ofertan estos servicios y a los 5.000 profesionales que conforman el sector en Cataluña, la mayoría de los cuales debían pasar un examen para acreditarse.

 

En junio de 2007, el alto tribunal acordó la suspensión cautelar de los artículos del decreto de terapias naturales que hacían referencia a la acreditación de especialistas naturópatas que utilizan el criterio homeopático, alegando que éstos podrían causar perjuicios de “imposible o difícil reparación futura”.

 

Desde su aprobación, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña lideró numerosas movilizaciones contra el texto, coordinado por el ex director de Recursos Sanitarios del anterior Govern, Rafael Manzanera, por “invasión de competencias profesionales”.