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El problema de las contrataciones ilegales de médicos extracomunitarios se encuentra en el reconocimiento de los títulos de licenciados, más que en la homologación de especialistas, según han manifestado representantes nacionales del Consejo General del Colegio de Médicos (CGCOM) que se reunirán este próximo viernes, 13 de febrero, con la subdirectora de títulos y relaciones con instituciones sanitarias, Mª Sol González. El objetivo de este nuevo encuentro es el de que la Organización Médica Colegial (OMC) tenga la presencia que tiene otorgada por ley a la hora de validar títulos de licenciados.

 

Los vocales de Atención Primaria Urbana, Dr. Jerónimo Fernández Torrente; de Atención Primaria Rural, Dr. Josep Fumado; y de médicos de Administraciones Públicas, Dr. Antonio Fernández-Pro, acuden a la cita con Mª Sol González, con el convencimiento de que el problema real de las contrataciones ilegales de médicos, “radica en el título de grado –explica el Dr. Fernández Torrente–. Vamos con ánimo de diálogo y de consenso, partiendo del respaldo que ha depositado en nosotros la Asamblea de presidentes de Colegios”.

 

El principal objetivo de la reunión, como ha explicado el Dr. Fernández-Pro, “no es otro que demandar nuestra presencia en el proceso de reconocimiento del título de licenciado, puesto que dicho título depende ahora del Ministerio de Ciencia. Una preocupación del CGCOM es si el proceso se está ajustando al que se aplica al homólogo español y europeo, puesto que ni en tiempo sería posible homologar casi 5.000 títulos de extracomunitarios, como son los que se han llevado a cabo, según datos de 2007”.

 

 

 

Según estimaciones de la OMC, el número de licenciados extracomunitarios que están trabajando actualmente en España en condiciones irregulares se sitúa entre 10.000 y 12.000.

 

Como recuerda al respecto el Dr. Fernández Torrente, “hay sentencias del Tribunal Supremo de mayo de 2008, donde se reconoce que los Colegios profesionales tienen que estar como parte presente no sólo en cuanto a los expedientes administrativos, sino en la resolución como parte fundamental para salvaguardar este tipo de cuestiones. Y se trata de una situación que no se viene realizando desde 2005, prácticamente coincidiendo en el tiempo con una avalancha de reconocimientos de títulos de grado a profesionales extracomunitarios”.

 

En todo caso, “lo que no puede ser –concluye el Dr. Fernández-Pro– es que la homologación se limite a un mero acto administrativo”.