ONCOLOGÍA

Dos mil casos anuales de cáncer de cuello de útero en España

JANO.es y agencias · 05 diciembre 2007

En cuanto al cáncer de ovario, lo desarrollará a lo largo de su vida una de cada 55 mujeres, con mayor incidencia en mujeres posmenopáusicas

Las Administraciones Públicas destinarán este año 1.014 euros mensuales para cada persona con “gran dependencia”, 507 euros mensuales más que en la actualidad. Al menos ese es el compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que también propondrá a las comunidades autónomas que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes sea de hasta 561 euros mensuales.

En concreto, los cuidadores familiares recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, a la que se sumará el coste de la cotización a la Seguridad Social (74 euros), que también correrá a cargo del Estado. La cuantía definitiva que percibirá el cuidador estará determinada por el grado y nivel de dependencia del beneficiario. El Gobierno y las comunidades cofinanciarán esta prestación, tal y como establece la Ley de Dependencia. Esta medida será debatida en el próximo Consejo Territorial de la Dependencia.

Por otra parte, Caldera informó que su Ministerio ha habilitado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública del Sistema de Dependencia, que se destinará a la construcción de centros de día y residencias.

Implantación de la ley

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, conocida como Ley de Dependencia, entró en vigor el pasado 1 de enero. Esta norma establece el derecho de las personas mayores y/o con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, para lo que crea el Sistema de Dependencia (SD), a través del cual las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales —ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia y plazas residenciales— y prestaciones económicas —para el cuidador familiar o para el asistente personal— que necesiten. Para financiar la puesta en marcha del SD, el Gobierno y las comunidades destinarán cerca de 26.000 millones de euros adicionales hasta 2015, 800 de los cuales se invertirán este año.

La ley establece un plazo máximo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia —ocurrida a finales de enero— para definir el desarrollo reglamentario (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la seguridad social de los cuidadores). En la actualidad, el Gobierno y las comunidades ya han acordado el baremo con el que se evaluará a los ciudadanos para evaluar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho. En las próximas semanas los ciudadanos podrán solicitar su evaluación en los servicios sociales. En 2007, tendrán acceso a la atención las personas con gran dependencia y paulatinamente y hasta 2015 se irán incorporando al SD las personas con dependencias severas y moderadas.