NEUROLOGÍA

Acetato de glatirámero y esclerosis múltiple

JANO.es y agencias · 29 abril 2008

Presentados en Chicago los resultados del estudio PreCISe, que ha evaluado este fármaco que comercializan en Europa Teva y Sanofi Aventis como Copaxone

La noticia saltó a los medios de comunicación el pasado martes 29 de enero. El día anterior, como ha sido amplia y justamente difundido y esta revista informó, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el sobreseimiento y archivo –dictado el 20 de junio de 2007 por el juzgado número 7 de Leganés–, en un auto contra el que no cabe recurso, del denominado “caso Leganés” sobre presuntas irregularidades en las sedaciones practicadas en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa.

La Audiencia de Madrid cerró el caso suprimiendo toda mención a mala praxis médica y, en consecuencia, restituyendo el nombre y la profesionalidad de un buen número de médicos que han sufrido a lo largo de tres años un trato injusto y vejatorio, cuando no una directa persecución. No puede ni debe caer en el olvido que, como consecuencia directa de lo que ahora se demuestra falso –dos anónimas denuncias detrás de las que se esconden personas y alguna asociación que, cuestionando sin rigor alguno la labor de profesionales de la medicina y de la sanidad, han hecho y siguen haciendo un muy lucrativo negocio–, la Consejería de Sanidad de Madrid cesó a cinco jefes de servicio que se habían significado en la defensa de sus compañeros de hospital, relevó a tres supervisores y no renovó sus contratos a quince médicos del servicio de urgencias.

Entonces, cuando se produjeron gravísimas afirmaciones y se hablaba con absoluta ligereza, o con marcado sesgo e intereses, de la sospecha de “eutanasia masiva” practicada sobre 400 personas, y desde algunos medios y foros se tildaba de “asesinos” a los médicos del hospital, en el editorial del número 1.559 de JANO, con fecha de portada 5 de abril de 2005, textualmente se indicaba: “Se ha puesto en duda la profesionalidad de los médicos, enfermeras y trabajadores de urgencias sin prueba alguna, a instancias de una denuncia anónima alentada por asociaciones de pacientes que se vienen caracterizando por actuaciones confusas e irresponsables que provocan en numerosas ocasiones alarma social y un daño irreparable a nuestra sanidad”.

Aquel mismo editorial puntualizaba que la buena práctica profesional exige que la atención sanitaria prestada a los enfermos terminales vaya dirigida a disminuir su sufrimiento en la medida de lo posible. En este sentido, hay que dejar claro que la sedación terminal no constituye en modo alguno una eutanasia encubierta, ya que se realiza no para acortar la vida del paciente sino para proporcionarle el mayor bienestar posible, evitando su dolor, sufrimiento y la angustia asociada a las situaciones premorten. Por lo tanto, no prolonga artificialmente el proceso de morir, porque no inicia medidas de soporte vital, pero tampoco lo reduce, al limitar la utilización de la sedación a los niveles que exige la desaparición de los síntomas.

La situación, apostillaba aquel editorial, “exige la apertura de una investigación detallada en la que se valoren los hechos y seresuelva de una vez por todas la sombra de la duda levantada por la irresponsabilidad de supuestas asociaciones de pacientes, medios de comunicación ansiosos por encontrar escándalos y políticos dispuestos a exigir responsabilidades a todo el mundo menos a ellos mismos”.

Han pasado casi tres años. Las sombras se borraron y se ha impuesto la verdad, aunque a algunos les duela y cínicamente se resistan a aceptarla. Sin embargo, el asunto se ha politizado de tal forma que, más que lo que de modo irrefutable la ley ha determinado, lo importante parece estribar en que cada cual se aferre a su interés y conveniencia, dejando de lado la profesionalidad de una serie de personas y el buen nombre de un hospital que hasta entonces había sido una referencia del Sistema Nacional de Salud, como constata el hecho de que el año de la denuncia y los precedentes fuese uno de los hospitales destacados en el ránking de mejores centros sanitarios del país.

Y ahora que la sentencia exculpatoria está sobre la mesa, ¿qué? Pues lo sorprendente es que, en un ejercicio de cinismo incalificable, lejos de acatar la decisión de los tribunales y de asumir verdad y realidad, algunos perseveran en la difamación. Al decir algunos hay que aludir a determinados políticos y representantes de medios de comunicación, a los que lo único que parece interesarles es seguir alimentando dudas para no tener que asumir responsabilidades y errores.

El ciudadano asiste estupefacto a declaraciones tan falsas como las que en su día sembraron el problema, irónicas frasecitas, gestos de una repugnante soberbia, actitudes que provocan vergüenza ajena.

Es hora de exigir responsabilidades y dimisiones. No se puede acusar de graves delitos y después, una vez demostrada la verdad, perseverar en el cinismo, sin que pase nada. No se puede crear una grave alarma social sobre hechos inexistentes. No se puede comprometer gratuitamente la confianza que en cualquier sistema sanitario debe existir entre profesionales y usuarios. No se puede sancionar impunemente a inocentes. No se puede, en definitiva, desprestigiar a una serie de profesionales, a un hospital y, por ende, a un sistema sanitario sin que ocurra nada. No.

El escritor T.S. Elliot dejó escrito que la humildad es la sabiduría suprema del hombre. Aquella que no tiene ni debe tener fin.

No son pocos quienes, en relación con este triste caso, deberían aplicarse estas palabras y actuar, por una vez, en consecuencia.