GNECOLOGIA

Anticonceptivos y riesgo de cáncer de útero

JANO.es · 14 noviembre 2007

Investigadores de la Universidad de Oxford publican en “The Lancet que las usuarias de anticonceptivos orales se enfrentan a un mayor riesgo de este tipo de tumor, pero señalan que ese peligro es transitorio

“La buena práctica profesional exige que la atención sanitaria prestada a los enfermos terminales vaya dirigida a disminuir, en la medida de lo posible, su sufrimiento. En este sentido, hay que dejar claro que la sedación terminal no constituye en modo alguno una eutanasia encubierta, ya que se realiza no para acortar la vida del paciente sino para proporcionarle el mayor bienestar posible, evitando su dolor, sufrimiento y la angustia asociada a las situaciones premorten. Por lo tanto, no prolonga artificialmente el proceso de morir, porque no inicia medidas de soporte vital, pero tampoco lo reduce, al limitar la utilización de la sedación a los niveles que exige la desaparición de los síntomas. »

En este sentido, y aunque parece que el lugar idóneo para el tratamiento de los enfermos en fase terminal no debe ser un servicio de urgencias —ni siquiera un centro sanitario—, no existe evidencia alguna de que en el Hospital Severo Ochoa de Leganés se haya actuado en estos casos de una manera distinta a la que es la práctica habitual en el resto de centros sanitarios, ni que se interviniese en contra de las exigencias éticas del ejercicio profesional.”

Con estas textuales palabras arrancaba hace cien números el editorial de nuestra revista —JANO 1.559, fecha de portada 1 de abril 2005— en el momento en que, en medio de una gran polémica que trascendía lo meramente profesional, acababa de ser relevado de su puesto el coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Dr. Luis Montes, como responsable supuestamente implicado en nada menos que 400 presuntos homicidios provocados por sedaciones terminales irregulares e injustificadas.

Ahora, el juzgado número 7 de Leganés acaba de archivar el caso sin responsabilidad penal alguna a los imputados, pues, como señala la resolución, “aunque se ha detectado mala práctica médica en varios casos, la instrucción parece agotada y no debe ir más allá, ya que, por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no se llegaría en ningún caso a encontrar elementos bastantes para, por dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones”.

De entonces al presente, han pasado más de dos años en los que se han producido ceses, se ha represaliado a profesionales, se ha puesto en duda la cualificación profesional de médicos, enfermeras y trabajadores de urgencias y, lo que es si cabe más grave, se ha cuestionado a un centro hospitalario que hasta entonces siempre había ocupado puestos cabeceros en la lista de los mejores hospitales de nuestro sistema sanitario.

Y todo ello, decíamos hace dos años, “a instancias de una denuncia anónima y alentada por asociaciones de pacientes que se vienen caracterizando por actuaciones confusas e irresponsables que provocan en numerosas ocasiones alarma social y un daño irreparable a nuestra sanidad”.

Entonces, y ante la gravedad de las acusaciones, desde el editorial de JANO instábamos a “la apertura de una investigación detallada sobre el caso en la que se valoren los hechos y se resuelva de una vez por todas la sombra de la duda levantada por la irresponsabilidad de supuestas asociaciones de pacientes, medios de comunicación ansiosos por encontrar escándalos y políticos dispuestos a exigir responsabilidades a todo el mundo menos a ellos mismos. La honorabilidad y profesionalidad de quienes se caracterizan por su compromiso con la sanidad pública así lo exige.”

¿Y ahora que la sentencia exculpatoria está sobre la mesa, qué? ¿A quién se van a exigir las correspondientes responsabilidades? O acaso, como hace dos años ya puntualizaba nuestro editorial, estemos ante una nueva paradoja de nuestro sistema democrático, aquella marcada por la tendencia de algunos políticos que no asumen responsabilidades derivadas de sus acciones, pero que se apresuran a exigírsela a los profesionales que trabajan bajo su mando en cuanto un supuesto problema llega a los medios de comunicación y amenaza con proyectar sobre su imagen política la más pequeña sombra, el más mínimo daño.